- Diputada Isis Cuéllar y exministro José Carlos Cardona seguirán el proceso en libertad; juez impone restricciones y redefine acusación como fraude continuado
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La justicia hondureña dictó este miércoles auto de formal procesamiento contra 12 imputados en el caso conocido como “Chequesol”, una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos.
Entre los acusados figuran la diputada Isis Cuéllar y el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona.
A todos los encausados le otorgaron medidas distintas a la prisión.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que el juez determinó que los imputados deberán presentarse a firmar el libro de control en sede judicial, tienen prohibido salir del país, quedan bajo el cuidado de sus apoderados legales y no podrán comunicarse entre sí.
En el caso de la diputada Cuéllar, se confirmó que continuará suspendida de su cargo mientras dure el proceso penal.
Asimismo, el fallo judicial establece que los 67 delitos de fraude inicialmente señalados se subsumen en el presunto ilícito de fraude continuado, lo que redefine la acusación dentro del expediente.
La lista de imputados incluye a Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.
El caso “Chequesol” surgió tras la difusión de un video en el que, presuntamente, la diputada Cuéllar y el exministro Cardona reconocen el uso de recursos públicos para actividades relacionadas con la campaña electoral del partido Libertad y Refundación (Libre).
Con esta resolución, el proceso judicial avanza en una etapa determinante bajo medidas sustitutivas, mientras el caso continúa generando debate público por sus implicaciones políticas y el uso de fondos estatales en actividades partidarias.
