TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Este lunes, la Fiscalía de la República emitió un comunicado a través del cual exhortó a las fuerzas políticas del Congreso Nacional, a seleccionar a sus nuevos titulares para el período 2023-2028.
«Por el bien de la nación, construyan los consensos necesarios para elegir al próximo fiscal general y fiscal general adjunto que deberán dirigir esta institución a partir del primero (1) de septiembre del año en curso», citó el comunicado del Ministerio Público en sus plataformas de redes sociales.
Esta fecha marca el inicio del nuevo ciclo constitucional de cinco años, y también el final de las actuales autoridades, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, fiscal general y adjunto respectivamente.
En tal sentido, la responsabilidad de la elección recae sobre los 128 diputados del Congreso Nacional, quienes necesitarán una mayoría calificada (86 votos a favor) para designar a los líderes de la Fiscalía a partir de una lista de cinco candidatos presentada el pasado 1 de agosto por la Junta Proponente. Este órgano colegiado, luego de un proceso que duró casi dos meses, evaluó y depuró a 26 autopostulantes.
Dicha nómina de aspirantes está conformada por Jenny Gabriela Almendarez Flores, Mario Alexis Morazán Aguileras, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya Álvarez y Pablo Emilio Reyes Theodore.
Diversos sectores de la población están cada vez más preocupados debido a la falta de consenso entre los congresistas para llevar a cabo la votación sobre la titularidad del Ministerio Público. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando sin detenerse.
Si para el 1 de septiembre no se logra seleccionar un nuevo fiscal general y fiscal adjunto, las autoridades actuales seguirán ejerciendo sus funciones hasta que el Congreso Nacional vote por sus sucesores, tal como dicta el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL).
Ante este escenario, la presidenta del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro, convocó a una movilización para el próximo 29 de agosto, con el fin de presionar por nuevas autoridades en el Ministerio Público. Sin embargo, este anuncio generó críticas de diversos sectores de la sociedad, quienes lo consideran una intromisión en el proceso.
