- El empresario, prófugo y con alerta roja de Interpol, reclama millones mientras Honduras aún paga el costo humano y económico de la estafa
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En un giro que ha generado indignación nacional, Axel López, principal implicado en el fraude de los hospitales móviles, prepara una demanda contra el Estado de Honduras por cerca de 2 millones de dólares (alrededor de 50 millones de lempiras), pese a enfrentar procesos judiciales y una alerta roja internacional.
El reclamo, según ha trascendido, se fundamenta en un supuesto saldo pendiente por fletes, seguros y costos adicionales de instalación, conceptos que López asegura nunca le fueron cancelados.
La pretensión ha sido duramente cuestionada por juristas y sectores sociales, que consideran la acción como un intento cínico de trasladar responsabilidades y blanquear uno de los mayores actos de corrupción en la historia reciente del país.
Expertos legales señalan que López intenta escudarse en el Código de Comercio para presentarse como víctima contractual, a pesar de que los hospitales móviles fueron entregados tarde, incompletos, sobrevalorados y en condiciones inservibles, cuando el país atravesaba el momento más crítico de la pandemia.
El empresario insiste en que cumplió con la entrega de las siete unidades y que las fallas no le son atribuibles, sino a la logística estatal.
Sin embargo, esta narrativa choca frontalmente con los hallazgos del Ministerio Público, que documentó pagos anticipados millonarios y graves irregularidades desde la negociación hasta la ejecución del contrato.
De hecho, el Ministerio Público de Honduras ha recordado que Axel López recibió más de 47 millones de dólares de manera anticipada, por hospitales que no cumplieron su propósito esencial: salvar vidas.
Las investigaciones también establecen que el lucro personal del empresario superó los 20 millones de dólares, fondos que el Estado de Honduras intenta recuperar mediante el comiso de cuentas y bienes en Estados Unidos.
Para organizaciones de sociedad civil y familiares de víctimas de la pandemia, la eventual demanda no solo carece de sustento moral, sino que constituye un “insulto a la memoria de quienes murieron sin atención médica adecuada”, mientras el dinero público terminaba convertido en ganancias privadas.
El contraste resulta aún más ofensivo: mientras Axel López aparece en ferias internacionales en Miami y amenaza con tribunales, Honduras sigue esperando justicia, recuperación de fondos y sanciones ejemplares.
Lejos de ser un conflicto comercial, el caso de los hospitales móviles representa una herida abierta, donde la impunidad amenaza con convertirse, una vez más, en el mensaje final.
