TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En una notificación oficial fechada el 30 de junio de 2025 y filtrada a la prensa, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) informaron la baja inmediata del capitán auxiliar de administración José Antonio Coello Molina, por instrucciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Roosevelt Hernández, sin detallar públicamente las razones detrás de la decisión.
Coello, quien durante años fungió como portavoz institucional de las FFAA, fue conocido por su profesionalismo en el manejo de información y su respeto a la libertad de prensa, una actitud que contrasta con la postura agresiva y cerrada del actual jefe militar, Roosevelt Hernández, quien ha sido señalado por sus constantes ataques a medios independientes y sectores opositores.
En la notificación —firmada por el general de brigada Óscar Orlando Castillo Cáceres, director de Recursos Humanos— se limita a señalar que la baja se realiza conforme al Artículo N.º 20 del Reglamento de Personal Militar, específicamente el inciso g): “Cuando la institución no requiera más de sus servicios.”
Contexto y posibles motivaciones políticas
Aunque la comunicación oficial evita brindar detalles sobre la medida, el contexto personal y político de Coello ha generado suspicacias.
El ahora excapitán está casado con la periodista Saraí Espinal, candidata a diputada por el opositor Partido Liberal, quien fue una de las más votadas en las elecciones primarias en Francisco Morazán.
La decisión coincide con un período de creciente presión y vigilancia desde sectores del oficialismo hacia críticos del gobierno y figuras de oposición.
Coello había sido recientemente asignado a la Fuerza de Tarea Conjunta Lenca Sumpul, en lo que muchos interpretaron como una forma de relegarlo, tras haber desempeñado cargos clave en la Policía Militar del Orden Público y la desaparecida Fusina.
Silencio institucional
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no han ofrecido una explicación pública sobre los motivos concretos de la baja del capitán Coello.
Tampoco se ha emitido una declaración sobre si esta decisión responde a razones administrativas, políticas o personales.
Sin embargo, la opacidad en el manejo del caso alimenta la percepción de una militarización con tintes políticos y represalias encubiertas dentro de la institución castrense, en un país donde el rol de los militares ha sido históricamente polémico en los asuntos civiles.
