TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La crisis legislativa en el Congreso Nacional de Honduras vuelve a escalar. La bancada del Partido Nacional advirtió que recurrirá a la “insurrección legislativa” la próxima semana si no se cierra formalmente el acta de una sesión parlamentaria que permanece abierta desde hace un mes, en la que se aprobaron los polémicos decretos relacionados con el millonario préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
La advertencia fue lanzada por el diputado Eder Mejía, quien calificó como irregular e inaceptable que se hayan mandado a publicar decretos sin que la sesión haya sido oficialmente clausurada.
“Esa ha sido la postura del Partido Nacional, al cancelarse la sesión por parte de quienes dirigen este poder del Estado. Hemos manifestado categóricamente que no estamos a favor de que se hayan mandado a publicar los decretos de la CAF sin haberse cerrado la sesión”, señaló Mejía.
Una sesión eterna: ¿táctica política o anomalía legal?
La permanencia de un acta sin cerrar por más de un mes plantea serias dudas sobre el respeto al procedimiento legislativo y la legalidad de las decisiones adoptadas en ese contexto. Según la bancada nacionalista, esta situación es utilizada estratégicamente por el oficialismo para mantener en suspenso decisiones críticas y moldear la agenda del Congreso a conveniencia de los intereses del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Es urgente cerrar el acta para que no se siga jugando con la institucionalidad del Congreso”, advirtió Mejía, reiterando que esta práctica abre la puerta a manipulaciones y distorsiona el funcionamiento democrático del poder legislativo.
La sombra de la imposición y los suplentes de Libre
El diputado Antonio Rivera también se pronunció en los mismos términos, denunciando que la presencia de diputados suplentes de Libre en las curules durante la controvertida sesión –en la que se aprobó el presupuesto especial para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre– forzó a los nacionalistas a entrar al hemiciclo en condiciones irregulares.
La participación de suplentes ha sido fuertemente cuestionada por la oposición, que denuncia una supuesta estrategia del oficialismo para garantizar mayorías artificiales en momentos clave, eludiendo el debate y el consenso político.
Insurrección legislativa: ¿legítima defensa o parálisis institucional?
La amenaza de insurrección legislativa —una figura no reconocida formalmente en el reglamento, pero utilizada como medida de presión política— pone en riesgo la ya frágil gobernabilidad parlamentaria. Mientras el oficialismo se escuda en la necesidad de avanzar con urgencia en proyectos prioritarios, como el financiamiento electoral, la oposición denuncia atropellos sistemáticos al reglamento y a la lógica democrática de pesos y contrapesos.
El conflicto en torno a la aprobación del préstamo del CAF no es un episodio aislado, sino parte de un patrón creciente de confrontación legislativa donde los procedimientos formales se ven opacados por maniobras de poder, vacíos legales y agendas paralelas.
¿Un Congreso funcional o una herramienta del Ejecutivo?
El Partido Nacional cuestiona no solo el procedimiento, sino también la independencia del Congreso respecto al Ejecutivo. Alegan que el control del oficialismo sobre la agenda parlamentaria debilita la institucionalidad, erosiona la legitimidad de las leyes aprobadas y pone en entredicho la transparencia del proceso electoral.
“Advertimos que no seremos cómplices de un Congreso a la medida del partido de gobierno”, concluyeron los diputados.
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¿Qué sigue?
La próxima semana será decisiva. Si no se cierra el acta en disputa, el Partido Nacional ha prometido intensificar su oposición en el hemiciclo, lo que podría traducirse en más sesiones interrumpidas, enfrentamientos legislativos e incluso bloqueos en la aprobación de leyes clave para el país, incluyendo otras relacionadas con el proceso electoral en curso.
