TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Bloqueados amanecieron este lunes los accesos al Centro Cívico Gubernamental (CCG) por parte de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre).
Los militantes del partido de gobierno se encontraban dentro de las instalaciones del CCG desde altas horas de la noche de ayer domingo y en la mañana se confirmó que se mantienen en una “protesta pacífica”.
Ramsés Izaguirre, miembro de los colectivos levantó su voz desde el Centro Cívico Gubernamental, donde él y sus compañeros se encuentran apostados «Basta ya al hostigamiento laboral que se les está dando a los compañeros», exclamó Izaguirre, quien demanda una respuesta pronta y concreta de la presidenta Xiomara Castro.
Izaguirre, denunció la falta de acción y comunicación por parte del gobierno. «Es paradójico que estemos luchando por el gobierno de nuestro propio partido, el mismo por el cual luchamos para llevarla al poder, y hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta».
Nos reunimos el primer día con un abogado que prometió pasar nuestras peticiones a la presidenta, pero desde entonces, no ha habido pronunciamiento alguno, añadió.
El activista también denunció intentos de intimidación y violencia contra ellos. «Nos hemos dado cuenta de que han intentado atentar contra nosotros de otras maneras. Incluso quisieron enviar a otros colectivos de Libre para enfrentarnos, y no les tenemos miedo a nada. Nos enteramos de que intentaron mandar a un grupo de 30 hombres el sábado para golpearnos, pero seguimos aquí, firmes».
Izaguirre añadió que el hijo del ministro del INA, Francisco Funes, es uno de los que mandaron con la Junta Interventora, y Funes, fue uno de los que firmo las actas para desembolsar dinero del Instituto de la Propiedad, también ha estado presente, lo cual considera un conflicto de interés.
«Esto raya en lo ridículo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero esperamos que hoy tengamos una respuesta y que se busque una solución», concluyó Izaguirre.
En ese sentido, un contingente policial se trasladó hasta las entradas del edificio para resguardar a los manifestantes y descartaron que exista desalojos.
La polémica entre un grupo de militantes del partido de gobierno inició luego que la presidenta Xiomara Castro anunciara la intervención y expusiera irregularidades dentro del Instituto de la Propiedad (IP), donde, según la mandataria, se ha erogado más de 18 mil millones de lempiras sin registros fiables y en violación de la ley
