- Protestas en Copán, Juticalpa y Tegucigalpa generan congestión y tensión, mientras autoridades advierten que las tomas no acelerarán los pagos pendientes.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La crisis por el incumplimiento de pagos a empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) escaló este viernes con la toma de importantes carreteras en distintas regiones del país, provocando caos vehicular y afectaciones al transporte de carga y pasajeros.
Uno de los puntos más críticos se registra en la carretera que conecta Copán con San Pedro Sula, donde trabajadores del programa mantienen bloqueado el paso en exigencia del pago de salarios atrasados correspondientes a varios meses.
La protesta ha interrumpido la circulación en esta vía estratégica del occidente del país, impactando directamente la actividad comercial y el traslado de personas.
De forma simultánea, en el municipio de Juticalpa, Olancho, otro grupo de empleados ha replicado la medida, manteniendo tomada la carretera como presión para que las autoridades atiendan sus demandas laborales.
En Tegucigalpa, la situación también se mantiene tensa. En el sector de La Cañada, agentes policiales resguardan las instalaciones del programa para evitar que las protestas escalen a tomas dentro de las oficinas, en un intento por contener la crisis.
Los manifestantes denuncian que, pese a compromisos previos por parte de las autoridades, no se ha cumplido con el pago de la deuda pendiente, lo que ha generado molestia y desesperación entre los trabajadores, quienes aseguran que no cesarán las acciones hasta obtener una respuesta concreta.
Las tomas han generado largas filas de vehículos, retrasos en el transporte y complicaciones en la movilidad, afectando tanto a conductores particulares como al transporte pesado que circula por estas rutas clave.
Por su parte, el presidente Nasry Asfura se refirió a la problemática instando a la Secretaría de Finanzas a optimizar la gestión de recursos para cumplir con las obligaciones laborales.
Sin embargo, también advirtió que este tipo de protestas, que afectan a la población, no contribuirán a agilizar los procesos de pago.
El conflicto refleja nuevamente las debilidades en la gestión administrativa y financiera del Estado, mientras miles de ciudadanos quedan atrapados en medio de una crisis que enfrenta el derecho de los trabajadores a exigir sus salarios con el impacto directo sobre la movilidad y la economía nacional.
