- ASJ acusa al Ejecutivo de distribuir recursos destinados a víctimas del cambio climático con fines electorales. Analistas advierten que el patrón de manipulación de la ayuda se repite, pese al discurso de transparencia del actual gobierno.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este martes ante el Comité de Ética y Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al gobierno hondureño, al que acusa de usar con fines políticos y clientelistas el Bono de Alivio Climático, un programa financiado con un préstamo de 70 millones de dólares destinado a apoyar a familias afectadas por el cambio climático y los huracanes Eta e Iota.
Según la denuncia, el bono —concebido como un instrumento técnico y humanitario— se está distribuyendo sin criterios claros ni transparencia, incluso en municipios donde no existe emergencia climática.
“No se observó la focalización. Por ejemplo, Talanga no es una de las zonas consideradas como vulnerables en extremo al tema climático. Sin embargo, miles de personas lo recibieron, y el criterio, según los mismos beneficiarios, era un tema electoral”, declaró Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, tras visitar el municipio de Talanga, Francisco Morazán.
Fondos internacionales en campaña
La denuncia de la ASJ encendió las alarmas entre diversos sectores, que advierten un uso electoral de fondos provenientes de organismos multilaterales, justo cuando el país entra en un clima preelectoral.
Hernández señaló que el patrón observado recuerda las prácticas de compra de votos o clientelismo político que históricamente han acompañado los programas sociales en Honduras.
“Es lamentable que recursos que deberían aliviar el sufrimiento de las familias más vulnerables se utilicen para promover intereses partidarios. Esto contradice los principios de transparencia y ética en el uso de fondos internacionales”, enfatizó.
La ASJ exigió al BCIE una auditoría independiente del programa, advirtiendo que el uso político del bono podría poner en riesgo la continuidad del financiamiento internacional hacia el país, que depende cada vez más de préstamos externos para sostener sus programas sociales.
Gobierno niega manipulación, pero no convence
El oficialismo rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de la entrega del bono.
El diputado de Libre, Marco Eliud Girón, aseguró que el programa ha sido ejecutado bajo parámetros técnicos y que se prioriza a las familias más necesitadas.
“Se le da a todos los que clasificaron. Fueron 200,000 personas o familias estudiadas, de las cuales solo clasificaron 110,000 hogares, en lugares vulnerables. Casi todo el país es vulnerable”, justificó Girón.
Sin embargo, los argumentos del gobierno no logran disipar las dudas. Expertos señalan que, lejos de fortalecer la transparencia, el Ejecutivo repite las prácticas que en su momento criticó con dureza al régimen anterior.
El Bono Climático fue gestionado originalmente durante la administración de Juan Orlando Hernández, pero solo se ejecutó parcialmente debido a irregularidades detectadas por el propio BCIE.
Hoy, bajo el gobierno de Libre, los mismos fondos vuelven a estar bajo sospecha.
El expresidente del BCIE, Dante Mossi, reaccionó ante la denuncia y recordó que el banco es un ente técnico, no político.
“Lo que sí no está bien es que el BCIE, siendo un banco multilateral que representa a varios Estados, se vea envuelto en controversias políticas. No se debe mezclar política con los programas financiados por el banco”, advirtió.
El patrón que nunca cambia
El politólogo Carlos Arévalo calificó el caso como “un mal endémico de la política hondureña”, recordando que todos los gobiernos —sin importar el partido— han usado la pobreza como instrumento electoral.
“Todos los gobiernos hacen lo mismo: endeudan al país en nombre de los pobres y luego usan esos recursos con fines populistas. Es una estrategia para dar ayudas y querer tapar el sol con un dedo”, señaló Arévalo.
En cifras, el Bono de Alivio Climático pasó de beneficiar a 46,000 familias en 2021 a más de 94,000 en 2025, con un incremento presupuestario de 322 a 661 millones de lempiras.
Aunque el gobierno defiende esa expansión como un logro, la ASJ advierte que la falta de transparencia en los criterios de selección y entrega pone en duda la legitimidad del programa.
“Dar 7,000 lempiras a una familia afectada por las lluvias o las sequías es positivo; lo que no puede aceptarse es que se use el sufrimiento de la gente para conseguir votos”, afirmó Hernández.
Transparencia selectiva
El caso del Bono Climático deja al descubierto una contradicción profunda en el discurso del actual gobierno, que ha hecho de la “refundación ética” una de sus banderas.
Mientras Libre acusa a sus adversarios de corrupción, sus propios programas sociales reproducen los mismos vicios que prometió erradicar: falta de transparencia, opacidad en la selección de beneficiarios y uso político de la pobreza.
Analistas coinciden en que, si el gobierno no corrige el rumbo, el país corre el riesgo de perder la confianza de los organismos internacionales y de hipotecar nuevamente su credibilidad en materia de gobernanza y rendición de cuentas.
En un contexto electoral cargado de promesas, la pregunta persiste: ¿se está combatiendo la pobreza o administrando políticamente la necesidad?
