• Diputado asegura que el Congreso tiene la última palabra, mientras expertos cuestionan el manejo del proceso tras renuncia en la CSJ
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, Jorge Cálix, defendió el procedimiento para la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), asegurando que no existe ninguna violación a la Constitución, pese a las críticas surgidas tras la reciente crisis en el Poder Judicial.
A través de su cuenta en la red social X, el congresista explicó que, conforme al artículo 315 de la Constitución, son los magistrados quienes proponen al candidato, pero es el Congreso Nacional de Honduras el que finalmente elige al titular del Poder Judicial con una mayoría calificada de 86 votos.
Señaló que «la renuncia de quién presida la Corte Suprema de Justicia debe ser presentada ante el Congreso Nacional de la República, quien según el artículo 205 numeral 12, es el único órgano constitucional que puede admitir o no la renuncia de la presidencia de la República, designados presidenciales, y los demás funcionarios que el Congreso Nacional elija, como es el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su respectivo presidente».
“Es claro que la elección la realiza el Congreso Nacional a propuesta de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Cálix, insistiendo en que el mecanismo constitucional se ha seguido correctamente.
Detalló que «la elección del Poder Judicial tiene dos momentos, el primero, la votación para la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia; después ellos se reúnen y postulan a su candidato a presidente, que pasa a discusión y decisión del Congreso Nacional, quien en una segunda votación lo elige con 2/3 de votos, tal como se puede ver en el decreto de nombramiento de la actual Corte. Incluso, la elección de la Corte pasada se hizo en dos decretos, el primero, el 8-2016 eligiendo a los 15 Magistrados y el segundo, el 9-2016, eligiendo al presidente Rolando Argueta».
Sin embargo, el propio diputado reconoció que la situación actual responde a un escenario “inédito”, luego de la renuncia de la entonces presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, lo que —según sus palabras— generó un vacío legal, ya que la Constitución no establece quién debe asumir la titularidad en ese caso.
Ante este contexto, el Congreso decidió nombrar de manera interina al magistrado Wagner Vallecillo, una decisión que ha sido objeto de cuestionamientos por diversos sectores que consideran que se forzó una salida política ante la falta de claridad normativa.
Cálix justificó la medida señalando que era necesaria para garantizar la convocatoria del pleno de magistrados, quienes posteriormente propusieron por unanimidad a Vallecillo como candidato a presidente de la CSJ para completar el período 2023-2030.
No obstante, la explicación del legislador no ha disipado completamente las dudas.
Analistas y sectores jurídicos advierten que la ausencia de un procedimiento claro en la Constitución abre espacio a interpretaciones discrecionales, lo que podría sentar precedentes en el manejo de futuras crisis institucionales.
El congresista también defendió que la renuncia de funcionarios de alto nivel —incluidos magistrados— debe ser conocida exclusivamente por el Congreso, citando antecedentes como los casos de exdesignados presidenciales y fiscales generales, donde el Poder Legislativo tuvo la última palabra.
«Cuando renunciaron Elvin Santos y Salvador Nasralla a su cargo como designados presidenciales, el Poder Ejecutivo, es decir el presidente de la República, no tenía posibilidad de vetar, ni de aceptar ni rechazar esa renuncia. Ese aspecto fue algo que solo le correspondió al Congreso Nacional. Lo mismo pasó con Yuri Melara, Leonadas Rosa, Omar Cerna, Luis Rubí y Roy Urtecho en el Ministerio Público».
Pese a ello, el debate continúa centrado en si el Congreso actuó dentro de sus límites o si, ante el vacío legal, asumió atribuciones que podrían ser cuestionadas desde el punto de vista constitucional.
Mientras tanto, el Congreso Nacional de Honduras se prepara para conocer la propuesta del pleno de la CSJ y votar la elección del nuevo presidente del Poder Judicial, en medio de un ambiente marcado por la polémica y la desconfianza.
Aunque Cálix concluyó que “no hay polémica ni violación a la Constitución”, lo cierto es que el episodio ha reabierto el debate sobre la fragilidad institucional y la necesidad de reformas que eliminen vacíos legales en la estructura del Estado hondureño.
