TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las tensiones dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) escalaron nuevamente, pero esta vez el fuego cruzado vino desde el Congreso Nacional.
El diputado liberal Jorge Cálix lanzó una dura ofensiva contra el consejero Marlon Ochoa, a quien acusó de manipular las funciones técnicas del órgano electoral y actuar con sesgo ideológico para favorecer al partido oficialista Libre.
El detonante fue la decisión de Ochoa de solicitar una ampliación del dictamen legal sobre los términos de referencia para contratar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
A través de la red social X (antes Twitter), Ochoa denunció supuestas irregularidades en el proceso y defendió la necesidad de un mayor control legal sobre los procedimientos técnicos del CNE.
Sin embargo, Cálix no tardó en responderle con un mensaje directo y cargado de ironía política:
“Vaya… lo que nos faltaba. Ahora es que, según Marlon Ochoa, un empleado del CNE está facultado por el poder de la refundición y de Nicolás Maduro, para declarar inconstitucional una resolución del pleno del CNE”.
Choque de poderes
Más allá de la retórica, el reclamo central del diputado gira en torno a los límites legales del rol del asesor legal del CNE. Cálix recordó que sólo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia puede declarar inconstitucional una norma o resolución, no un empleado de la unidad legal del Consejo.
“Un subdirector del departamento legal del CNE es un empleado subordinado que actúa bajo las directrices del pleno. Su rol es técnico, no jurisdiccional”, afirmó.
Y fue más allá, sugiriendo que las maniobras de Ochoa —que ya han sido cuestionadas también por la presidenta del CNE, Cossette López— son parte de una estrategia desesperada ante un resultado electoral adverso para Libre:
“Tu rabieta se resume en una sola cosa: van a perder y lo saben. Anda alistando tus maletas porque vos también te vas. Quizás en Venezuela te aceptan”.
La sombra del oficialismo y las dudas sobre imparcialidad
Cálix no es el primero en señalar una presunta captura del CNE por parte de Libre.
Las últimas semanas han estado marcadas por acusaciones cruzadas entre consejeros y partidos sobre el intento de controlar los mecanismos técnicos de transmisión de resultados, lo que ha encendido alertas en torno a la imparcialidad institucional del órgano.
Mientras Ochoa insiste en que su postura busca evitar la manipulación centralizada de actas, sus detractores —incluyendo a López y ahora Cálix— lo acusan de querer debilitar los filtros legales del CNE para proclamar resultados favorables sin controles serios.
¿Hacia una crisis de confianza electoral?
Con cada nuevo episodio, el clima preelectoral se torna más tenso. El uso de adjetivos como “esbirros de Maduro” o referencias a la “refundición” (en alusión crítica al discurso fundacional de Libre) deja ver que la disputa no es solo técnica, sino profundamente política y polarizada.
Además, el hecho de que un diputado esté emplazando públicamente a un consejero electoral expone la fragilidad de los límites institucionales y la creciente presión sobre el árbitro electoral en vísperas de las elecciones generales de noviembre.
¿Y el TREP?
Mientras los partidos cruzan fuego verbal, el verdadero problema sigue sin resolverse: ¿tendrá Honduras un sistema de transmisión de resultados confiable, transparente y libre de presiones políticas?
La pelea entre Cálix y Ochoa es solo un síntoma de un problema más profundo: una institucionalidad que tambalea ante la politización de cada decisión técnica. Y si el árbitro se percibe inclinado, la democracia entera pierde.
