- Juicio queda en suspenso mientras se resuelven recursos de amparo y se analiza posible amnistía en el Congreso Nacional
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El juez que conoce la causa admitió el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario para el exsubjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Venancio Cervantes, y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto. Asimismo, el inicio del juicio oral y público quedó en suspenso.
Ambos militares en condición de retiro, junto al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, están acusados por el asesinato de Isy Obed Murillo, ocurrido en el contexto del golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.
Recursos pendientes y posible amnistía
El apoderado legal de Carlos Roberto Puerto, Jair López, manifestó que ahora corresponde esperar lo que ocurra en el Congreso Nacional de Honduras respecto a la amnistía solicitada.
“Nosotros partimos de un hecho concreto, nuestro representado se ha sometido a la justicia en todo momento”, expresó el abogado, al sostener que no ha existido indicio alguno de fuga.
Según indicó, ese argumento fue determinante para que el juez admitiera las solicitudes de cambio de medidas cautelares tanto para Cervantes como para Puerto.
Asimismo, confirmó que hay recursos de amparo interpuestos, lo que ha provocado la suspensión del avance hacia el juicio oral y público.
El Tribunal había convocado a las partes procesales para el 16 de marzo de 2026, a las 9:00 de la mañana, a audiencia preliminar para determinar si la causa pasaba formalmente a juicio.
“Este caso ha sido impulsado por cuestiones políticas y eso se ha evidenciado”, apuntó el defensor.
Acusación del Ministerio Público
De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público de Honduras, a los militares retirados se les responsabiliza por la muerte de Isy Obed Murillo, quien falleció tras recibir un disparo mientras participaba en una manifestación en las inmediaciones del aeropuerto capitalino de Toncontín.
En el mismo contexto, el Ministerio Público señala que Alex Zavala sufrió graves lesiones a consecuencia de disparos que habrían sido realizados por elementos del Ejército.
El caso se remonta a las protestas registradas tras la salida forzada del entonces mandatario Manuel Zelaya, en un episodio que marcó una de las crisis políticas más profundas en la historia reciente del país.
Proceso en pausa
Con el cambio de medidas cautelares y los recursos legales aún pendientes de resolución, el proceso judicial entra en una etapa de incertidumbre, mientras las partes esperan definiciones tanto en el ámbito judicial como en el legislativo.
La causa continúa generando debate en la opinión pública, al tratarse de un caso emblemático vinculado a los hechos de 2009 y a la responsabilidad de altos mandos militares en la represión de manifestaciones civiles.
