El Gobierno de Nicolás Maduro demandó a las autoridades europeas una rectificación inmediata, así como la condena sin ambages al «terrorismo».
VENEZUELA.
(RT)- Los cancilleres de España y Venezuela, José Manuel Albares e Yván Gil, respectivamente, sostuvieron este martes una conversación telefónica a solicitud de la parte española en la que Caracas dejó clara cuál es la «línea roja» que Madrid no debe cruzar.
«El desconocimiento de nuestras instituciones constitucionales es una línea roja, un Guaidó 2.0 fracasará nuevamente. Nuestro país está listo para tomar acciones que resguarden su soberanía», advirtió Gil en su canal de Telegram.
Asimismo, el funcionario refirió que el país suramericano «no tolerará una escalada en las agresiones e injerencias desde España», al que señaló de haberse convertido durante los últimos años «en refugio de terroristas y delincuentes vinculados al fascismo» en Venezuela.
En adenda, mencionó que las autoridades venezolanas hicieron del conocimiento de Albares el desmantelamiento de «un plan terrorista, que buscaba atentar contra el pueblo, asesinar al presidente, vicepresidenta y otros funcionarios» que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, «comprometerían» a dos ciudadanos españoles vinculados al Centro Nacional de Inteligencia de la nación ibérica.
«Deseamos que el Gobierno español rectifique inmediatamente, condene el terrorismo sin ambigüedades y asuma los compromisos que le corresponden en el marco del derecho internacional», demandó el diplomático.
El caso de los españoles
El pasado fin de semana, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló que habían sido detenidos en la ciudad de Puerto Ayacucho (sur) dos hombres de nacionalidad española, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, quienes fueron captados «tomando fotos» en el contexto de «una situación irregular» que se registró en el aeropuerto local.
Cabello relató que en los teléfonos de Martínez Adasme y Basoa Valdovinos se encontró información que los vinculaba con una dirigente del partido ultraderechista Vente Venezuela identificada como María Teresa Clavijos, a quien se sindica de haber coordinado algunos de los hechos de violencia que se suscitaron tras los comicios del pasado 28 de julio, así como con el exdiputado opositor Yorman Barillas y una mujer de nombre Jhexica Aponte, aprehendida por su virtual participación en ataques para desconocer la reelección del presidente Nicolás Maduro.
En su decir, los ciudadanos españoles mantuvieron conversaciones telefónicas que incluían preguntas como dónde adquirir explosivos y cómo «contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial». Adicionalmente, se encontró evidencia de la planificación del asesinato de la alcaldesa chavista Yulisbeth García, máxima autoridad del municipio Piar del estado Bolívar, al sureste de Venezuela.
