TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, pidió este sábado «prudencia diplomática» a la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, Alice Shackelford, después de que la diplomática criticara la construcción de una cárcel de «máxima seguridad» en las Islas del Cisne, en el Caribe del país.
«Parece que la señora Shackelford no ha vivido, ni conoce la realidad de Honduras producto de la narcodictadura. Estamos de acuerdo que la prevención y la rehabilitación son esenciales para el tema penitenciario, pero en un ambiente en que toda la institucionalidad funciona bien», escribió Reina en una mensaje en la red social X.
Señaló que en Honduras «lamentablemente el crimen por 12 años se entronizó con JOH (Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño), hay que tomar medidas fuertes».
El canciller hondureño indicó que «la prudencia diplomática sería más adecuada a pronunciarse y alimentar las voces que no quieren que ese esquema cambie en el país y buscan cualquier excusa para oponerse».
«Nunca les importó el medio ambiente a muchos cuando se privatizaron las cuencas de los ríos. No se puede pecar de ingenuidad cuando lo que se juega en el país es un esfuerzo titánico de la presidenta Xiomara Castro por desmontar esas estructuras que hicieron y hacen tanto daño», enfatizó.
Reina reaccionó así tres días después de que Shackelford dijo a medios locales de prensa que le «preocupa» la construcción de más cárceles en Honduras, donde considera importante trabajar «más en prevención».
«Nos preocupa el enfoque en construir más prisiones, cuando tendría que ser un enfoque más de prevención (…), yo pienso que en estas situaciones es importante mantener el diálogo, mantener el entendimiento y buscar una solución», subrayó la coordinadora de la ONU, residente en Tegucigalpa.
Shackelford se sumó a diversos sectores, entre biólogos, ambientalistas y defensores de derechos humanos, que han expresado su desacuerdo con la iniciativa del Gobierno, argumentando que se le causaría un severo daño ambiental a las Islas del Cisne, que están situadas a 250 kilómetros de tierra firme.
La cárcel en las Islas del Cisne sería para unos 2.000 privados de libertad que son considerados de «alta peligrosidad» por las autoridades hondureñas.
Además, el Gobierno anunció en junio la construcción de otra cárcel, para 20.000 personas, en una zona remota entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, al este del país, limítrofes con Nicaragua.
Según el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, quien cuestiona a quienes se oponen a la construcción de la cárcel, la prisión es «una medida de seguridad para la población hondureña para recluir personas vinculadas al crimen organizado».
Medina incluso ha dicho que algunos de los opositores a la cárcel fueron aliados de «la narcodictadura» que encabezó el expresidente Hernández (2010-2022), quien en junio pasado fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.
Con información de EFE
