- Cientos de ciudadanos intentan canjear certificados de L 700 y L 1,000 sin recibir respuesta; adultos mayores llevan días haciendo fila mientras crecen las críticas por el uso político de los programas sociales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Desde tempranas horas de este viernes, largas y desordenadas filas de personas rodean las instalaciones de Banasupro en La Ceiba, donde cientos de ciudadanos acuden con la esperanza de canjear los bonos de L 700 y L 1,000 que fueron distribuidos durante el reciente proceso electoral. Sin embargo, la expectativa ha chocado con la realidad: estantes vacíos, escasa atención y nulas respuestas oficiales.
Los certificados, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), debían ser intercambiados por alimentos y provisiones antes del 10 de diciembre de 2025, fecha límite establecida. Pero para la mayoría, el plazo parece imposible de cumplir ante la falta de productos y la desorganización en los puntos de canje.
“Tengo cuatro días aquí”: la espera interminable de doña Olivia
Entre las personas afectadas se encuentra doña Olivia Margarita Hernández, una mujer de 81 años que, con visible cansancio, relató que ha asistido durante cuatro días consecutivos —lunes, martes, miércoles y jueves— sin lograr canjear su bono.
“Por eso vengo hoy, para ver si en realidad van a dar. Y si no, pues que nos digan”, lamentó, mientras sostenía su cupón y los duplicados de su identificación, tal como se les solicitó a los beneficiarios.
Testigos señalan que los días 2 y 3 de diciembre, Banasupro permaneció cerrado por “inventario”, pero al reabrir el día 4, los estantes continuaban completamente vacíos.
“¿Qué inventario hicieron si no hay nada?”, cuestionó indignada una ciudadana que llegó desde una aldea cercana. Muchas personas, señaló, viajaron largas distancias sin recibir siquiera una explicación.
Policía interviene ante aglomeración y malestar
El creciente desorden obligó a la Policía Nacional a presentarse en el lugar para controlar la multitud.
El malestar se intensificó entre adultos mayores, madres con niños y decenas de ciudadanos que guardaban ordenadamente sus cupones, confiando en que podrían hacer válido el beneficio.
“Esta gente no viene a pedir limosna, viene a reclamar un derecho que ya les prometieron”, gritó uno de los asistentes, mientras agentes solicitaban mantener la calma.
Denuncian entrega clientelar de bonos durante la campaña
La molestia fue aún mayor entre quienes afirmaron haber recibido estos bonos en las semanas previas a las elecciones por parte de activistas del Partido Libre, quienes —según testigos— prometieron que podrían canjearlos “rápido” después de votar.
“Nos dijeron que hoy mismo nos entregarían las provisiones, que votáramos y que con esto tendríamos asegurada la bolsa”, contó una mujer bajo anonimato, temerosa de represalias.
Este tipo de prácticas ha desatado fuertes críticas hacia el Gobierno y hacia quienes manejan los programas sociales, ya que la entrega de cupones de alto valor —superiores a los L 1,000 en algunos casos— coincide con la recta final del proceso electoral.
Crece la indignación por la falta de transparencia
El desabastecimiento, la ausencia de autoridades, las largas filas bajo el sol y la frustración de los beneficiarios han reavivado el debate sobre el uso político de la pobreza y la falta de control en los programas de asistencia social.
Mientras el plazo de canje se acerca, miles de ciudadanos exigen una explicación clara sobre el paradero de los productos, la validez de los bonos y la responsabilidad institucional detrás de una situación que muchos describen como “una burla electoral”.
