COPÁN, HONDURAS.
La detención de un menor de edad la noche del viernes 17 de mayo, frente a un comercio en el barrio Florida, de Dulce Nombre de Copán, ha provocado una ola de indignación en redes sociales por la manera en que fue ejecutado el procedimiento policial.
El niño, acusado por la Policía Nacional de haber participado en al menos tres robos a negocios locales durante la última semana, fue esposado y subido a una patrulla frente a transeúntes y cámaras sin que se protegiera su identidad, como lo exige la ley en casos que involucran a menores de edad.
Según informes policiales, el menor estaría vinculado a hurtos cometidos en una cafetería, una farmacia y un restaurante.
Las autoridades aseguran contar con evidencia en video proveniente de cámaras de seguridad. Sin embargo, la reacción ciudadana no ha girado en torno a los delitos, sino al trato recibido por el menor durante su captura.
Estallan las redes
Miles de hondureños se pronunciaron en redes sociales, criticando lo que consideran una violación a los derechos del niño. “No, inaceptable e incorrecto. ¿Dónde está SENAF? No es así como se trata a un niño”, escribió un usuario visiblemente indignado.
Otro comentario, que ha sido compartido ampliamente, cuestiona: “¿Por qué a violadores y políticos corruptos les cubren el rostro y a este niño no?”
Entre el delito y la dignidad humana
Aunque muchos no justifican los actos atribuidos al menor, exigen que el Estado actúe con mayor humanidad y responsabilidad institucional. “Sí, cometió un error, pero también es víctima. No se le aplaude, pero tampoco se le destruye”, expresó un internauta, reflejando el sentir de una gran parte de la opinión pública.
El caso ha reavivado el debate sobre el trato que reciben los menores en conflicto con la ley, y ha puesto en el centro de la discusión la falta de atención a las causas estructurales que orillan a niños y adolescentes a la delincuencia: pobreza, abandono estatal y ausencia de oportunidades.
Llamado a la acción
Mientras el menor permanece bajo custodia, crece el llamado a que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y otros entes competentes intervengan no solo para revisar este caso, sino para garantizar que se respeten los derechos de los niños involucrados en hechos delictivos, sin exponerlos públicamente ni revictimizarlos.
Organizaciones de derechos humanos ya han solicitado una revisión del procedimiento, así como el acompañamiento psicosocial del menor.
Este caso es un recordatorio doloroso de que, más allá del castigo, el país debe construir respuestas más humanas y estructurales para atender la niñez vulnerable. Porque no se trata solo de sancionar, sino de comprender, prevenir y reparar.
