• El Ministerio Público señala que los agentes habrían sacado al menor de un inmueble y posteriormente exigido dinero a su familia a cambio de su liberación.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
Cuatro efectivos policiales asignados a la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL) fueron capturados por su presunta participación en el secuestro agravado de un menor de edad, informó el Ministerio Público.
La operación fue coordinada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de la Sección contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales, luego de que un juez competente librara las respectivas órdenes de captura tras conocer el requerimiento fiscal presentado el pasado 28 de septiembre.
Los capturados son la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez y los agentes Geybin Gadriel Salgado Pérez, Kevin Dagoberto Castillo Zambrano y Carlos Iván Arteaga Ayestas, todos asignados a la DIPOL.
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2026, cuando los ahora imputados habrían ingresado a un inmueble para sacar al menor. Según el relato oficial, los agentes habrían indicado a los vecinos que el joven sería trasladado al CORE 7; sin embargo, el menor nunca habría ingresado a ese lugar y posteriormente fue llevado con rumbo desconocido.
La situación tomó un nuevo giro días después. El 4 de septiembre, los familiares de la víctima recibieron un mensaje en el que se les exigía el pago de 600 mil lempiras a cambio de su liberación, además de advertirles que no proporcionaran información a las autoridades.
Ante la desaparición del menor, sus familiares interpusieron una denuncia formal, lo que dio paso a las diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Público.
La Fiscalía asegura que el requerimiento fiscal presentado contra los cuatro policías está sustentado en prueba documental, evidencia técnica y científica. Posteriormente, elementos de la Unidad Nacional Antisecuestros de la DPI ejecutaron las órdenes de captura.
Los cuatro efectivos deberán responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Será el proceso judicial el que determine su responsabilidad penal conforme avance la investigación y se desarrollen las respectivas etapas del caso.
