- JOPRODEH y ASOPODEHU acudieron al organismo interamericano mientras permanece pendiente el amparo presentado por el periodista.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. —
La batalla judicial del periodista Carlos Antonio Martínez Zepeda ha trascendido las fronteras de Honduras. Luego de recurrir a distintas instancias de la justicia nacional, su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron medidas cautelares a su favor.
La petición fue presentada el 21 de septiembre de 2026 por Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), en representación de Martínez Zepeda.
Las organizaciones buscan que la CIDH valore la situación que enfrenta el comunicador y determine si existen condiciones que ameriten protección internacional, ante el riesgo que, según exponen, podría materializarse mientras continúa pendiente una acción constitucional en Honduras.
Una batalla que ya pasó por los tribunales hondureños
El caso se origina en una acción posesoria relacionada con un litigio promovido contra César Augusto Rosenthal Hidalgo.
El 6 de febrero de 2026, el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula emitió sentencia definitiva, ordenando el sobreseimiento y archivo de la acción, además de condenar en costas a Martínez.
La defensa del periodista presentó un recurso de apelación el 16 de febrero, cuestionando aspectos relacionados con el debido proceso, la valoración de la prueba, la fundamentación de las resoluciones, el acceso efectivo a la justicia y la aplicación de las normas jurídicas.
Sin embargo, el 29 de abril, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula declaró sin lugar el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia. La resolución fue notificada el 5 de mayo.
Ante este escenario, Martínez continuó utilizando los mecanismos legales disponibles y el 26 de mayo de 2026 presentó una Acción Constitucional de Amparo contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones.
El temor a que la justicia llegue demasiado tarde
Mientras el amparo continúa pendiente, JOPRODEH y ASOPODEHU plantean ante la CIDH que existe un riesgo que requiere atención internacional.
En su solicitud, las organizaciones advierten sobre posibles consecuencias derivadas de la ejecución de las resoluciones cuestionadas, entre ellas la pérdida de la posesión, un eventual desalojo, afectaciones sobre el inmueble y la vivienda, perjuicios económicos y repercusiones para su familia.
El argumento central de la petición es que una eventual resolución favorable en el amparo podría llegar cuando las consecuencias materiales del proceso ya se hayan producido, haciendo más difícil o incluso imposible reparar posteriormente los daños denunciados.
Por ello, las organizaciones consideran necesaria una intervención cautelar mientras las autoridades hondureñas resuelven la acción constitucional.
El caso ahora está en manos de la CIDH
La presentación de la solicitud de medidas cautelares no significa que la CIDH ya haya otorgado la protección solicitada. El organismo interamericano deberá analizar los argumentos y elementos presentados para determinar si se cumplen los requisitos establecidos para adoptar medidas cautelares.
De esta manera, el caso de Carlos Martínez se mantiene abierto en dos escenarios: por un lado, ante la justicia constitucional hondureña, donde permanece pendiente el recurso de amparo; y por otro, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde las organizaciones buscan una protección provisional.
La nueva batalla jurídica plantea una preocupación central para los peticionarios: que una eventual respuesta judicial llegue antes de que se produzcan consecuencias que después resulten imposibles de revertir.
