- El 62 % de infracciones cometidas por menores está ligado al narcotráfico, mientras homicidios y violaciones apenas representan el 0.65 %, según datos expuestos por Cándida Sauceda
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La directora de Casa Alianza, Cándida Sauceda, hizo un llamado a la reflexión nacional sobre las verdaderas necesidades de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, al advertir que endurecer penas como reducir la edad punible sin un análisis profundo de datos y contexto podría conducir a decisiones equivocadas.
Sauceda reveló que el 62 % de las infracciones cometidas por menores de 18 años están vinculadas al narcotráfico, incluyendo tráfico de drogas, portación ilegal de armas, extorsión o amenazas. En contraste, delitos de alto impacto como homicidio y violación representan apenas el 0.65 % del total.
De acuerdo con cifras del Ministerio Público de Honduras (MP), el 86 % de las denuncias contra adolescentes corresponden al tráfico de drogas y un 10 % a la portación ilegal de armas, lo que —según la defensora de derechos de la niñez— evidencia que la problemática está estrechamente ligada a estructuras del crimen organizado y no necesariamente a conductas violentas individuales.
“Criminalizar a los adolescentes sin analizar el contexto puede conducir a decisiones erróneas”, advirtió Sauceda.
Reclutamiento y falta de oportunidades
La directora subrayó que muchos adolescentes terminan involucrados en actividades ilícitas tras ser víctimas de reclutamiento forzado por estructuras criminales, sumado a la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales.
En ese sentido, insistió en que antes de promover una reducción de la edad punible, el Estado debe analizar su rol como garante de derechos y revisar si ha cumplido con brindar condiciones adecuadas de protección, prevención y desarrollo integral.
Sauceda también recordó que Honduras es firmante de tratados internacionales en materia de derechos de la niñez, por lo que adoptar medidas contrarias a esos compromisos podría generar escenarios complejos, incluso demandas ante instancias internacionales.
Reinserción antes que castigo
Desde Casa Alianza, afirmó, se ha impulsado la coordinación con distintos gobiernos para fortalecer el trabajo en los centros de internamiento, promoviendo estrategias de tratamiento, formación en habilidades y acompañamiento integral para la reinserción social.
“Hay alternativas y estrategias que el Gobierno debería implementar y fundamentar con cifras y datos, en lugar de endurecer castigos sin planes integrales”, concluyó.
La postura de la organización se produce en medio del resurgimiento del debate público sobre la reducción de la edad punible como respuesta a la violencia, una medida que —según expertos en derechos humanos— requiere evidencia sólida y análisis estructural antes de ser adoptada.
