TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público de Honduras, bajo la dirección del fiscal general Johel Zelaya, enfrenta serios cuestionamientos por su inacción ante una serie de casos de alto impacto que han sacudido al país.
El exfiscal general Edmundo Orellana Mercado, rompió el silencio este sábado para denunciar lo que considera una gestión marcada por la pasividad, el desequilibrio y la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción en las altas esferas del poder.
Uno de los casos más emblemáticos es el del exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Armando Zelaya, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), quien admitió en 2024 haberse reunido en 2013 con dos narcotraficantes que le ofrecieron financiamiento para campañas electorales.
Aunque aseguró no haber aceptado dinero, la revelación, acompañada por un video difundido por Insight Crime, generó indignación nacional. Hasta hoy, la Fiscalía no ha presentado ninguna acción concreta.
“Sobre este tema de Carlos Armando, yo creo que el fiscal tiene esa deuda. La demora en las investigaciones genera más daño que claridad”, reprochó Orellana, advirtiendo que la actitud del fiscal da la impresión de querer desestimar el caso sin siquiera concluirlo.
Justicia selectiva y cuestionamientos crecientes
La lentitud del Ministerio Público contrasta con la celeridad mostrada en otros procesos, como el reciente allanamiento a propiedades del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, acusado de lavado de activos tras una presunta reunión con narcotraficantes.
La Fiscalía incluso divulgó una fotografía del militar recibiendo una bolsa con dinero, pese a que el video del supuesto encuentro nunca fue presentado públicamente.
Distintos sectores acusan al Ministerio Público de aplicar una justicia selectiva, procesando con rapidez a figuras enemistadas con el oficialismo, mientras otros, como Carlos Zelaya —hermano del expresidente Manuel Zelaya—, continúan en la impunidad.
Vásquez, además, enfrenta cargos por su rol en el golpe de Estado de 2009 y se encuentra actualmente prófugo, escondido en una zona montañosa, luego de que se le revocara el arresto domiciliario.
Denuncias ignoradas y opacidad institucional
Orellana también señaló el abandono de otras investigaciones de enorme gravedad.
Entre ellas, la denuncia del diputado Yahvé Sabillón, quien reveló que un inversionista estadounidense fue presionado para pagar un soborno de cinco millones de dólares a cambio de que el gobierno no derogara las ZEDE.
Tampoco se ha actuado con transparencia ni contundencia en relación a las irregularidades de las elecciones primarias del 9 de marzo, cuando múltiples centros de votación en Tegucigalpa operaron fuera de horario debido a la negligente distribución del material electoral.
Otro escándalo ignorado es el de Koriun Inversiones, una estructura financiera acusada de captar 400 millones de lempiras de más de 35 mil ciudadanos, prometiendo intereses semanales de hasta 5%.
A pesar de las advertencias, la Fiscalía permitió que los fondos quedaran bajo el control de Iván Velásquez, gerente general de la empresa, ahora imputado por lavado de activos.
“Eso fue totalmente equivocado. Las autoridades ni siquiera saben dónde están esos fondos, mientras los estafados siguen esperando respuestas”, denunció Orellana.
El costo de la inacción
Para el exfiscal, lo que está en juego no es solo la credibilidad del Ministerio Público, sino la estabilidad institucional del país.
“En estos dos casos emblemáticos (las elecciones y Koriun Inversiones) veo que no ha actuado bien y está en deuda. No lo he visto actuar con contundencia”, lamentó.
Orellana concluyó con una advertencia clara: la inacción del Ministerio Público podría erosionar la poca confianza que le queda ante la ciudadanía. “La Fiscalía actúa por confianza de la población; tiene que ganársela. Hoy la está perdiendo”, sentenció.
