TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad de Honduras y exdirectora de Medicina Forense advirtió sobre la creciente instrumentalización de la prueba criminalística con fines políticos.
Pese a que la funcionaria no menciona en su publicación al exjefe de las FFAA, Romeo Vásquez Velásquez, en su posteo a través de su cuenta oficial de X, añadió una imagen donde se informa que se reveló el video en el que, supuestamente, el exjerarca militar, recibe dinero de narcotraficantes, dando a entender que en ese caso se está manipulando la información.
La funcionaria alertó que esta práctica no solo compromete la búsqueda de la verdad, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema judicial en su conjunto.
“La instrumentalización de la prueba criminalística forense en la política se refiere al uso, a menudo indebido, de la evidencia científica para servir a intereses políticos, en lugar de para la administración de justicia”, sostuvo.
Manipulación, omisión y presión: los rostros del problema
La denuncia apunta a una serie de prácticas preocupantes dentro del manejo de la prueba forense.
Entre ellas, se destacan la manipulación de evidencias, la omisión intencional de pruebas que contradicen ciertas narrativas, el uso selectivo de hallazgos, y, lo más grave, la presión directa sobre profesionales forenses para influir en sus conclusiones.
Según la subsecretaria, este fenómeno debilita no solo el papel técnico y científico de los servicios forenses, sino también la credibilidad del sistema judicial ante la ciudadanía.
“La evidencia criminalística ha sido utilizada en algunos contextos para justificar políticas represivas, atacar a adversarios políticos o incluso desviar la atención de escándalos de corrupción”, explicó.
Consecuencias para la justicia y la sociedad
El impacto de estas prácticas puede ser devastador. Desde condenas erróneas o exoneraciones injustas, hasta la erosión de la confianza pública en las instituciones de justicia, la instrumentalización de la ciencia forense representa una amenaza real para el Estado de derecho.
Además, el daño se extiende al ámbito científico, afectando la reputación y la independencia de los peritos, muchos de los cuales enfrentan presiones o sanciones si sus hallazgos no se alinean con los intereses de actores políticos.
Hacia servicios forenses independientes
En este contexto, la subsecretaria hizo un llamado urgente a fortalecer la independencia y autonomía de los servicios forenses.
Según señaló, garantizar la objetividad de la prueba científica requiere barreras claras entre la investigación forense y cualquier tipo de injerencia política.
Asimismo, subrayó la necesidad de fomentar una ética pericial sólida, así como mecanismos institucionales que protejan a los profesionales forenses ante presiones externas.
Un llamado a la reflexión
Este pronunciamiento ocurre en un momento clave, cuando múltiples casos judiciales de alto perfil han sido objeto de controversias por el uso de evidencia forense en contextos políticamente sensibles.
La funcionaria invita a la sociedad, al sistema judicial y a los responsables de políticas públicas a reflexionar sobre la importancia de una ciencia forense que sirva a la justicia, y no a intereses particulares.
“La ciencia forense debe estar libre de interferencias políticas para poder cumplir con su misión fundamental: la búsqueda de la verdad”, concluyó.
