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jueves, febrero 5, 2026

Caso Sedesol: Isis Cuéllar enfrentará audiencia por 67 delitos tras pedir comparecer voluntariamente

  • La diputada y otros imputados acudirán este jueves a los tribunales; el caso se sustenta en el “cheque video” y en presunta malversación de fondos públicos con fines electorales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. –

La diputada Isis Cuéllar, imputada por 67 delitos de fraude en el denominado caso Sedesol, comparecerá de forma voluntaria este jueves a las 9:00 de la mañana para someterse a audiencia de imputados, junto a Jennifer Martínez y José Manuel Cerrato, quienes también solicitaron presentación personal mediante sus equipos de defensa.

El portavoz Carlos Silva informó que la audiencia, inicialmente programada para el miércoles a la 1:30 p. m., fue reprogramada luego de que otros imputados manifestaran su decisión de presentarse voluntariamente, lo que obligó a consolidar todas las comparecencias en una sola diligencia judicial.

Este movimiento procesal se da un día después de que un juez dictara arresto domiciliario al exministro José Carlos Cardona, así como a Eleny Galeas, Iris Paola Pérez, Ilsy Valeska Baquedano —asistente de Cuéllar— y Reniery Fabrizzio Lazzaroni, todos acusados por el Ministerio Público por delitos de fraude vinculados a la presunta malversación de fondos públicos.

El expediente se sustenta en el llamado “cheque video”, donde Cuéllar explica la entrega a 15 coordinaciones del partido Libre de kits valorados en 125 mil lempiras cada uno, que incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas y material promocional, supuestamente financiados con recursos de la Sedesol para actividades de campaña electoral.

El lunes, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal con orden de captura inmediata contra 12 personas. No obstante, otras cuatro continúan pendientes de comparecer o ser capturadas, mientras que Cuéllar, Martínez y Cerrato optaron por la presentación voluntaria, evitando así su detención policial.

El caso Sedesol se perfila como uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en el país, al involucrar a una diputada en funciones y a exfuncionarios, en medio de un debate nacional sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en los programas sociales.

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