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SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Sputnik) El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que destituyó al gobernador del departamento de Escuintla (sur), Jorge Segura, por alertar a las pandillas locales sobre una serie de operativos policiales.

«A medianoche hice el llamado al gobernador Jorge Segura, le notifiqué que, gracias a su deslealtad, tomaba la decisión de destituirlo, y estamos analizando con nuestros abogados para ver si cayó en el delito de infidelidad en su cargo», informó Giammattei en conferencia de prensa transmitida por el Gobierno en su cuenta de la red social Twitter.

El presidente adelantó que Segura sería puesto a disposición del Ministerio Público si se comprobaba que había incurrido en ese delito, a partir de un audio en el que consta que el exgobernador había alertado a los grupos delictivos sobre el Estado de Prevención decretado este 14 de febrero.

Giammattei expresó que le parecía «increíble» y «la cosa más baja y asquerosa» que mientras las autoridades enfrentaban a criminales, estos fueran advertidos por un funcionario de gobierno «que se estaba hartando» con los impuestos del pueblo de Guatemala.

Al cumplirse su primer mes en el cargo, el presidente Giammattei declaró el Estado de Prevención por 6 días en los municipios de Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, San José, Nueva Concepción, Tiquisate y Palín.

La medida limita las reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y otros espectáculos, el derecho a manifestaciones que afecten la libre locomoción de las personas y el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, salvo para las fuerzas de seguridad.

También se prohíbe el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten o amenacen la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de servicios públicos.

El Estado de Prevención también fue decretado durante el pasado mes en los municipios de San Juan Sacatepéquez, Mixco, Villa Nueva y Chimaltenango.

Giammattei ganó en segunda vuelta de las presidenciales de 2019, y entre sus compromisos de Gobierno destaca el tratamiento de las pandillas como organizaciones terroristas.

LA PAZ, BOLIVIA

(Sputnik) La presión sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, para que anule la postulación parlamentaria de Evo Morales, se acrecentó al anunciar el Comité Cívico de Santa Cruz (este) un paro por tiempo indefinido contra la pretensión electoral del expresidente (2006-2019).

«Esto es definitivo, ya está decretado el paro indefinido y el bloqueo de carreteras que se realizarán en todo el departamento si el TSE da paso a la candidatura de Evo Morales», dijo a reporteros el presidente del Comité cruceño, Rómulo Calvo, según reportó radio El Deber.

El TSE ha anunciado que decidirá el 17 de febrero si habilita o no la candidatura de Morales al Senado, puesta en observación por la falta de documentos de residencia que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), asegura haber presentado esta semana.

El dirigente cívico precisó que el paro y los bloqueos serán efectivos «si los vocales del TSE omiten la correcta aplicación de la norma legal vigente y desconocen la voluntad del pueblo boliviano habilitando al candidato Evo Morales».

El expresidente Morales (2006-2019), forzado a renunciar y a salir de Bolivia en noviembre pasado, fue inscrito por el MAS como primer candidato al Senado por el departamento de Cochabamba, donde está empadronado, en las elecciones extraordinarias convocadas para el 3 de mayo.

La amenaza de los cívicos cruceños, que tuvieron participación decisiva en las protestas que provocaron la caída del Gobierno de Morales, se sumaba a varios anuncios de impugnaciones legales a la eventual habilitación de la candidatura del exmandatario.

Aunque estaba anunciada por el mismo Calvo desde la semana pasada, la convocatoria al paro debía ser ratificada por la asamblea de instituciones empresariales, profesionales y vecinales que conforman el Comité Cívico de Santa Cruz, que se reunió en la noche del jueves 13 y dio su visto bueno.

La norma referida por Calvo es el requisito constitucional de residencia en el departamento al cual se pretende representar en el parlamento, que Morales no cumpliría por su condición de asilado en el extranjero, aunque el MAS argumenta que en este caso no sería aplicable porque el exilio es forzado.

Varios políticos afines al Gobierno transitorio de la presidenta y también candidata Jeanine Áñez han anunciado en los últimos días impugnaciones contra la postulación de Morales.

Entre ellos estaban el senador Oscar Ortiz, jefe político de Áñez en el partido Demócratas, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y el exdiputado campesino y actual director del estatal Fondo Indígena, Rafael Quispe.

Agrupaciones ciudadanas que participaron en las movilizaciones del año pasado exigieron también al TSE que no permita la postulación de Morales.

«Nos vamos a movilizar nuevamente para impedir que Morales sea electo», advirtió este 14 de febrero en un comunicado el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que agrupa a varias personalidades contrarias al MAS.

La candidatura de Morales es una de las más de 700 que el TSE observó por falta de algunos documentos en las listas inscritas por todos los partidos el pasado 3 de febrero.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Sputnik) La Unión Europea contribuye con cuatro millones de euros a un proyecto del Alto Comisionado para Refugiados de la Organización de Naciones Unidas (Acnur) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México, informó el organismo humanitario internacional.

«Esta iniciativa cuenta con una contribución financiera de cuatro millones de euros por parte de la Unión Europea», dijo Acnur en comunicado enviado a la prensa extranjera acreditada.

El proyecto está destinado a promover «la integración socioeconómica de personas refugiadas y desplazadas por la fuerza en México, Costa Rica y Honduras».

Los organismos internacionales se enfocan en atender a «personas refugiadas y solicitantes de asilo en México y Costa Rica, así como en personas desplazadas internas y retornadas con necesidades de protección en Honduras».

El canciller Marcelo Ebrard informó a finales de enero al Senado que las solicitudes de refugio se multiplicaron en 2019 por más de diez, al pasar de 6.000 a 70.000 en un año.

Esta semana, el jefe de la diplomacia mexicana reportó que la política de contención migratoria acordada con EEUU permitió reducir los cruces de indocumentados en la frontera norte de México casi un 75%, entre junio de 2019 y enero pasado, de unos 144.000 a 36.200 personas detenidas en el país vecino.

Al financiar este proyecto, la UE refrenda su compromiso de «ayudar a México y a la región en el fortalecimiento de sus políticas migratorias para que, en el corto y mediano plazo, los países puedan beneficiarse de los aspectos positivos de la migración», dijo en la declaración escrita Jean-Pierre Bou, encargado de negocios de la UE en México.

También persigue «facilitar la inclusión financiera y el acceso a la protección social para las decenas de miles de personas que han sido forzadas a huir en la región».

El proyecto conjunto busca fortalecer los servicios públicos de empleo, robustecer la capacitación técnica y profesional para el acceso a medios de vida.

«En los procesos ordenados de integración de las personas refugiadas todos ganan: las personas refugiadas, los empleadores y la sociedad», aseguró por su parte Mark Manly, representante del ACNUR en México, según el informe.

El proyecto busca fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos para mejorar las políticas, programas y servicios necesarios para que las personas refugiadas y desplazadas internamente tengan «acceso al empleo, al autoempleo y a la protección social de manera sostenible y digna».

Acnur cita datos de la estatal Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, según los cuales 70.302 personas solicitaron asilo en México en 2019, «un incremento de 137% comparado a 2018».

Funcionarios del organismo de la ONU, del Gobierno mexicano y autoridades locales, «ha acompañado a más de 6.700 personas refugiadas integradas eficazmente en ciudades del centro-norte del país», dice el reporte.

En tanto, otras 59.197 personas solicitaron la condición de refugiado en Costa Rica en 2019, la mayoría nicaragüenses con títulos profesionales o técnicos y capacidades para integrarse rápidamente en el sector laboral del país.

Asimismo, se calcula que 247.090 hondureños se desplazaron por la violencia u otras violaciones de derechos humanos desde 2003.

En 2019, la cifra de retornados hondureños con necesidades de protección alcanzó las 109.185 personas.