- Karim Faraj afirma que las contrataciones del Estado deben realizarse con total claridad y demanda que los recursos de la tasa de seguridad se traduzcan en resultados concretos contra la extorsión y en la generación de empleo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Karim Faraj, hizo un llamado a las autoridades para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, particularmente en la adjudicación del contrato para la fabricación de las nuevas placas vehiculares y en la administración de los fondos provenientes de la tasa de seguridad.
Las declaraciones del dirigente empresarial surgen en medio de los cuestionamientos que ha generado la adjudicación del contrato para la adquisición de placas inteligentes, un proceso que ha despertado dudas en distintos sectores sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos.
Faraj señaló que toda contratación del Estado debe desarrollarse con procesos abiertos y sujetos al escrutinio ciudadano, a fin de fortalecer la confianza de la población.
“Todos los ingresos de la administración pública deben ser transparentes y abiertos”, expresó.
No obstante, reconoció que existe un compromiso por parte del Gobierno para normalizar la entrega de placas vehiculares y poner en marcha un sistema de rastreo nacional, iniciativa que calificó como positiva siempre que se ejecute con claridad y sin generar dudas.
“Lo importante es que todo se haga de una forma transparente y que no se ponga en duda la entrega de las mismas”, enfatizó.
El presidente de la CCIT también se refirió a la tasa de seguridad, mecanismo mediante el cual el Gobierno proyecta recaudar al menos 6,000 millones de lempiras, y consideró que históricamente estos recursos han carecido de suficiente transparencia.
Aunque manifestó su expectativa de que la actual administración actúe con mayor apertura, insistió en que los hondureños deben conocer cómo se utilizan esos fondos y qué resultados concretos generan.
“Si se está pagando la tasa de seguridad debe haber resultados con impactos positivos en el combate de la extorsión y la inversión para la generación de empleo”, sostuvo.
Faraj añadió que, si bien existen algunos avances, el país necesita políticas públicas sostenidas y estrategias de largo plazo que permitan enfrentar de manera efectiva los principales problemas de seguridad y desarrollo económico.
Asimismo, defendió la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y veeduría ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.
“Como país se debe caminar y buscar estrategias a largo plazo y no cambiarlas cada tres meses. Entre más veeduría haya, mejores resultados se darán con la tasa de seguridad; los fondos deben invertirse de forma efectiva”, concluyó.
