TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A menos de seis meses de las elecciones generales en Honduras, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) emitió una alerta preocupante sobre las condiciones en que se prepara el proceso electoral, señalando que persisten —y se han profundizado— fallas estructurales que amenazan la transparencia, legitimidad y estabilidad de los comicios previstos para el próximo 30 de noviembre.
La advertencia forma parte del informe “Lecciones y Aprendizajes del Proceso Electoral Primario y los Riesgos para las Elecciones Generales de Noviembre en Honduras”, un análisis crítico basado en observación técnica y estándares internacionales de derechos humanos.
“El país está frente a una coyuntura crítica. Las condiciones actuales hacen temer que las elecciones generales se desarrollen en un contexto de desconfianza, improvisación institucional y posible desestabilización política”, sostiene el informe.
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Diez riesgos clave para las elecciones generales
El CESPAD identificó diez factores de riesgo agrupados en cinco categorías: institucionales, logísticos, de gobernanza, de seguridad y de transparencia. Entre los hallazgos más preocupantes se destacan:
• Aprobación tardía del presupuesto electoral, que retrasa contrataciones estratégicas como el sistema TREP (Transmisión de Resultados Preliminares) y auditorías externas.
• Capacitación deficiente de custodios informáticos y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con improvisación y brechas digitales, especialmente en zonas rurales.
• Falta de protocolos técnicos y reglamentos especiales, generando vacíos legales y decisiones discrecionales en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
• Fallas logísticas, como las ocurridas en las elecciones primarias del 9 de marzo, con retrasos de más de 12 horas en la entrega de materiales electorales.
• Fragmentación interna en el CNE, marcada por divisiones partidarias, renuncias de personal técnico y una creciente pérdida de confianza institucional.
• Opacidad en contrataciones públicas, incluyendo un caso de presunto fraude por más de 64 millones de lempiras actualmente en investigación por el Ministerio Público.
• Fiscalización débil del financiamiento político, con escasos informes financieros y sin acceso público a datos de aportantes.
• Polarización legislativa y uso político de la Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional, sin garantías procesales.
• Interferencia del sistema de justicia, con investigaciones que podrían derivar en la paralización o destitución de miembros del CNE.
• Violencia electoral en aumento, con al menos 15 casos documentados de asesinatos, atentados o amenazas contra actores políticos.
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Recomendaciones urgentes
Ante este escenario, el CESPAD plantea una serie de medidas inmediatas para evitar que el país enfrente una nueva crisis electoral. Entre ellas:
• Aprobar sin demora el presupuesto electoral completo y garantizar su ejecución técnica.
• Emitir y publicar todos los reglamentos técnicos y protocolos aún pendientes.
• Promover un pacto interpartidario mínimo que permita rescatar la conducción institucional del proceso.
• Fortalecer la fiscalización del financiamiento político, incluyendo el acceso público a la información sobre los aportantes.
• Asegurar la transparencia total en contrataciones públicas y permitir la auditoría social sin restricciones.
• Implementar acciones de prevención y protección contra la violencia electoral, en beneficio de candidatos, activistas y votantes.
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Elecciones bajo presión
El informe concluye con una advertencia clara: si no se toman medidas inmediatas y efectivas, las elecciones generales podrían desarrollarse en condiciones de falta de credibilidad, baja participación y altos niveles de conflictividad, lo que pondría en riesgo la estabilidad democrática de Honduras.
Aquí el informe íntegro:
https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2025/06/Analisis-Prospectivo-VF-0604.pdf