TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El 5 de mayo del 2025, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) informó sobre las conversaciones que mantenía con diputados del Congreso Nacional (CN) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), con el objetivo de promover una propuesta de ley que garantice 4 mil millones de dólares en inversión y sus posibles impactos en la generación de empleos. El presidente de CCIC, Karim Qubain, declaró a la prensa que con esta iniciativa: “se busca liberar más de 400 licencias ambientales”.
El 7 de mayo del 2025, en sesión del CN, se sometió a primer debate el dictamen FAVORABLE emitido por la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, que propone la creación de la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental. Esta iniciativa, impulsada por el congresista Luis Redondo, continúa su trámite y en la sesión de hoy, 8 de mayo, se realizó el segundo debate, con la expectativa de su aprobación en tercer y último debate el martes 13 de mayo de 2025, con la presencia del sector privado.
Esta propuesta contempla, en su Artículo 3, que la SERNA podrá emitir licencias ambientales de forma inmediata, a través de un “mecanismo especial, excepcional y simplificado”. El Artículo 5 prioriza proyectos en sectores como infraestructura, energía renovable, agroindustria, turismo sostenible, manufactura, vivienda social o zonas francas. También incluye proyectos financiados por organismos multilaterales o de cooperación internacional. Asimismo, el Artículo 7 faculta a la SERNA a reorganizar su presupuesto interno para garantizar el cumplimiento del decreto, y el artículo 8 establece de forma expresa que todos los plazos establecidos en la ley y su reglamento son de estricto cumplimiento tanto para la SERNA como para las demás instituciones que participan en el proceso de licenciamiento.
Ante esta situación, desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), se pronuncia de la siguiente forma:
- El origen de la conflictividad socioterritorial en Honduras —país considerado uno de los más peligrosos de América Latina para defender la naturaleza— tiene su origen en la opacidad de los procesos de licenciamiento ambiental y en trámites viciados de corrupción. Esta nueva ley excluye por completo la participación de las comunidades afectadas, vulnerando principios básicos de transparencia, consulta previa e información pública.
- Nos preocupa profundamente que se justifique este licenciamiento expedito bajo la narrativa de sectores “estratégicos”, la misma que históricamente se ha utilizado para facilitar la extracción intensiva de minerales, agua y otros bienes comunes. Esto ha generado resistencia social, criminalización y graves violaciones a los derechos humanos y a la naturaleza.
- Llamamos a las organizaciones comunitarias, indígenas, afrodescendientes, campesinas, rurales, de mujeres y de defensa territorial a mantenerse en alerta frente a este intento del CN de agilizar los procesos de licenciamiento sin garantías de protección ambiental ni consulta ciudadana. Es urgente informarnos, analizar críticamente la situación y ejercer el derecho a la participación.
- Finalmente, advertimos que acelerar licencias ambientales sin controles ni participación debilita las salvaguardas existentes y pone en grave riesgo el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios.
