Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La segunda semana de julio ha estado marcada por una serie de eventos que han puesto de nuevo la interrogante: ¿las elecciones generales de noviembre podrán realizarse con transparencia, legitimidad y un entorno pacífico? El aspecto central de la disputa actual es la divulgación de los resultados preliminares a través del sistema informático del TREP.
Este conflicto ha puesto nuevamente en la opinión pública la desconfianza de los liderazgos políticos en relación con la transparencia de los resultados electorales, un problema que ha atravesado la historia de la política hondureña. Para el caso, en la historia presente la memoria colectiva aún recuerda el fraude electoral del 2017, refrendado por la embajada de los Estados Unidos y cuestionado por las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE). En el actual contexto, a pesar de las divergencias discursivas, todos los actores políticos coinciden en que se está fraguando un fraude electoral, en un cruce de acusaciones mutuas. En los últimos días, estas acusaciones se han intensificado hasta el punto sostener que se podría estar planeando un golpe de Estado, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, dependiendo del bando que sustente esa narrativa.
En el marco de esta debate, es por eso importante aclarar qué se entiende universalmente por una elección auténticamente democrática. Diversos teóricos consideran que, en su versión minimalista, la democracia es un “conjunto de reglas (primarias o fundamentales)” guiadas por los ideales de tolerancia, no violencia y libre debate de ideas (Bobbio, El futuro de la democracia). Además, requiere la existencia de “órganos electorales independientes”, encargados de “administrar las elecciones de manera no partidista” (Przeworski, La mecánica del retroceso democrático). Adicionalmente, son esenciales las libertades básicas contextuales: libertad de expresión, asociación y reunión (Dahl. La Democracia).
En Honduras, lo que provoca las fuertes tensiones actuales son los desacuerdos entre los actores políticos respecto a la interpretación y aplicación de las reglas básicas del proceso electoral. La situación se agrava por la existencia de un órgano electoral muy distante de los estándares de independencia, autonomía y profesionalismo, lo que caracteriza a Honduras como una democracia de baja calidad. La competencia electoral se ha convertido en un “juego de suma cero” o incluso en una lucha de vida o muerte para cada uno de los competidores. Hasta ahora, las libertades básicas contextuales parecen tener vigencia, sin desconocer la amenaza que para las mismas representa el permanente estado de excepción.
A pesar del tiempo transcurrido, el panorama político electoral hondureño es muy semejante al de la primera mitad del siglo XX, en el cual el denominador común fueron las reyertas, enfrentamiento, confrontaciones, los odios y enemistades entre caudillos políticos y militares al frente de facciones que inevitablemente concluían en revueltas armadas. Las condenas del pasado aún están presentes, y vivimos en una coyuntura crítica para la democracia y la racionalidad civilizada en la resolución de conflictos políticos.
Las controversias con torno al TREP
En general, en los procesos electorales de cualquier país, los resultados preliminares son determinantes para establecer tendencias e incluso para declarar un perdedor y un ganador. Aunque siempre existe un conteo final oficial, impugnaciones y reconteos, la transmisión de los resultados preliminares son decisivos en el desenlace de una elección.
La Ley Electoral del 2021 regula el TREP en sus artículos 278, 279 y 280, diferenciando dos momentos en el proceso. El primero, la aprobación de “los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares”, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe hacerse con “consenso” al menos seis (6) meses antes del día de las votaciones (artículo 279). Y, el segundo, la contratación de la empresa que se hará cargo de la organización y manejo del TREP, y que deberá ser contratada “como mínimo cuatro (4) meses antes de la celebración del proceso electoral” (artículo 278).
En las elecciones del 2021 se tomaron decisiones diferenciadas en estos dos momentos. La primera, se informó en una nota de prensa que establecía que: “El Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE aprobó por unanimidad los lineamientos y medios del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP con transcripción desde cada centro de votación y el lector de huellas, que estará en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) con lo que se garantiza transparencia en el Proceso Electoral General de noviembre próximo”. (Ver nota completa). Esta aprobación, por unanimidad o consenso (tal como lo indica la ley), se realizó el 5 de agosto de ese año.
La segunda, referida a la contratación de la empresa que se concretó en septiembre de ese año, mediante la votación mayoritaria de dos votos a favor y uno en contra. La controversia en este punto fue la negativa inicial de Kelvin Aguirre, presidente del CNE, a firmar los contratos; esta situación finalmente fue superada el 27 de septiembre (ver Sala de Prensa del CNE).
El actual CNE ha fusionado ambos procesos en un solo pliego de condiciones de contratación de la empresa, aprobado por mayoría simple (dos a favor y uno en contra). En un contexto de extendida polarización y desconfianza, este asunto ha llevado al proceso electoral a una situación de impase que podría derivar en una crisis terminal.
La palabra consenso solo se repite dos veces en la Ley Electoral del 2021. La primera para definir los lineamientos de la transmisión de resultados y la segunda para aprobar el Protocolo de Bioseguridad (esta ley fue formulada en plena pandemia del COVID 19). Ambos temas eran sensibles en ese momento: la transmisión de resultados debido a que el país acababa de sobrellevar el fraude electoral de 2017, y el Protocolo de Bioseguridad, porque influía de manera determinante en el ejercicio operativo del sufragio.
El debate polarizado e irracional que persiste en el país ha llegado hasta la interpretación antojadiza de la palabra “consenso”. Según la Real Academia consenso significa un “Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”. Sumándonos a la discusión, es posible que el “espíritu del legislador” haya sido proporcionar un espacio a los representantes de los partidos políticos en el CNE para consensuar el delicado tema de la transmisión de los resultados. Es de entender que esa perspectiva haya ido desdibujándose en la actual confrontación, cargada de pasiones y odios acumulados.
En el debate actual tienen razón quienes argumentan que el artículo 20 de la Ley Electoral faculta la adopción de acuerdos y resoluciones por simple mayoría. Sin embargo, el artículo 279 contiene una excepción sobre un tema sensible que ha polarizado el sistema político hondureño y que constituye un punto de posible quiebre.
Por eso consideramos que, más allá de lo que establece la ley, sin un consenso claro en torno a la transmisión de los resultados, difícilmente se avanzará hacia la realización de elecciones transparentes, auténticas y pacíficas, con resultados aceptados por todas las fuerzas políticas.
Desde el CESPAD, hemos sostenido que: “La legitimidad del proceso exige reglas previamente definidas, aceptadas por todos los actores y un compromiso colectivo con los resultados, incluso si estos no favorecen a todos los participantes. Decisiones unilaterales, sin legalidad ni consenso sobre el TREP ponen en duda la validez del proceso y amenazan la gobernabilidad democrática”.
Los factores que agravan la crisis política
A partir del conflicto sobre el TREP, las cinco fuerzas políticas que competirán en las elecciones generales de noviembre se han dividido en dos bandos claramente enfrentados: por un lado, el partido de gobierno (LIBRE), y por el otro, el resto de las fuerzas políticas con los partidos tradicionales a la cabeza (Partido Nacional y Partido Liberal
Se ha ingresado a una dinámica de que bando concentra los mayores puntos de apoyo: social, político, militar e ideológico. Estos elementos en su conjunto están configurando la crisis política nacional que, de no corregirse el curso actual, podría desencadenarse en las próximas semanas.
Entre los hechos más importante están los siguientes:
- Colectivos de LIBRE toman las instalaciones del CNE (7 de julio). Una acción de fuerza que busca impedir que se inicie el proceso de presentación de las ofertas de empresas en la licitación para la asignación del TREP y que se consolide la decisión sobre los lineamientos de transmisión de resultados, adoptados por mayoría simple por el CNE.
- El consejero de LIBRE presenta denuncias penales por delitos electorales (7 de julio). El consejero Marlon Ochoa presentó una denuncia ante el Ministerio Público, por los delitos de prevaricato administrativo y usurpación de funciones en contra de las otras dos consejeras Cossette Lopéz y Ana Paola Hall. Ochoa denunció delitos electorales relacionados con la adopción de los lineamientos de divulgación de los resultados sin el consenso que establece la Ley y modificaciones posteriores sin la conformación del pleno del CNE.
- Constitución del Frente de Defensa de la Democracia (8 de julio). La oposición (Partido Nacional, Partido Liberal, Democracia Cristiana y PINU) anunció la constitución de una alianza para “defender el sistema democrático del país ante lo que consideran graves amenazas a la transparencia electoral”. Con la conformación de la alianza, llama la atención la incorporación del PINU como partido del “centro político”, porque ha sido subsumido hacia la polarización. Esto le deja un limitado espacio para convocar al electorado desilusionado con las fuerzas políticas que han gobernado el país durante los últimos quince años (el llamado tripartidismo).
- Comparecencia del pleno del CNE al Congreso Nacional y actos violencia (8 de julio). El Congreso Nacional convocó al pleno de consejeros para que explicaran la situación en torno al TREP. La reunión en el hemiciclo fue interrumpida por colectivos de LIBRE, también, por la confrontación violenta entre diputados de LIBRE, del Partido Nacional y Liberal. Esta situación colocó en riesgo la integridad física de las consejeras López y Hall, quienes se vieron envueltas en las acciones de los colectivos y del consejero Marlon Ochoa, atrapado en medio de la reyerta de los diputados de las diferentes bancadas.
- Solicitud de la presidencia del CNE a las Fuerzas Armadas para la custodia de las instalaciones y la respuesta negativa de esta institución (9 de julio). En el contexto de la intensificación de las acciones de calle por parte del partido de gobierno en protesta a las decisiones del CNE, la presidenta de este organismo solicitó el resguardo de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, consideró que esa función corresponde a la policía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 293 de la Constitución de la República”.
- Convocatoria de consejeros suplentes para sustituir a Marlon Ochoa en el CNE (10 de julio). Para restablecer el funcionamiento del pleno, la presidenta consejera convocó a su integración al consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández. Sin embargo, en conferencia de prensa los dos consejeros suplentes (Cardona y Karen Rodríguez) calificaron la convocatoria de ilegal porque “pretende legalizar un sistema de divulgación de resultados preliminares que no se apega a la ley”.Estos seis hechos nos retratan la parálisis del máximo organismo electoral (CNE) que carente de independencia y autonomía ha sido gravemente afectado por las diferencias interpartidarias que no ha podido gestionar de manera apropiada en su interior, ahondando la polarización política del país. Por otro lado, de manera peligrosa la coyuntura está escalando a la lucha de calles con sus inevitables secuelas de violencia. La historia del país con la larga tradición de revueltas armadas debe ser una advertencia para evitar el escalamiento de esta confrontación. En lo referido a la intensión de judicialización del conflicto político, en una realidad como la hondureña que no se caracteriza por la independencia del poder judicial, nos plantea el riesgo de continuar alentando la confrontación, pero no de gestionar democráticamente la problemática de fondo.
Como punto aparte, está el rol de las Fuerzas Armadas muy cuestionada por la oposición política por las fallas en la logística electoral en las elecciones primarias y por lo que consideran la inclinación a favor del actual gobierno de parte del Estado Mayor conjunto, creemos que su posición de no involucrarse de lleno, en este momento, en el conflicto asegurando la custodia de las instalaciones del CNE es de prudencia, si tenemos presente su participación activa en el golpe de Estado en el 2009 y el fraude electoral del 2017 con saldos graves en la infracción de los derechos humanos. Por demás, es un axioma que en los conflictos sociales y políticos que se involucre las Fuerzas Armadas habrá mayores niveles de violencia. Nos parece que en su interior se está operando una intensa disputa sobre el rol definitivo a adoptar en esta coyuntura, el cual siempre estará alineado a la preservación de los intereses de los poderosos grupos de poder. No podemos olvidar que la democracia hondureña es una democracia tutelada por los militares, refrendada en los marcos constitucionales y que nada indica que en estos tres años de gobierno se hayan operado cambios significativos en su doctrina militar y en correlación de fuerzas en su interior.
Si analizamos los seis puntos indicados, podemos concluir que estamos avanzando hacia una crisis política nacional, a menos que los liderazgos políticos actúen con sensatez y modifiquen el curso de los actuales acontecimientos.
¿Aún es posible salvar las elecciones generales de noviembre?
Los hechos y argumentos expuestos en este artículo nos llevan inevitablemente a esta interrogante. Para contextualizar, recordemos dos momentos de crisis políticas en Honduras en los últimos 40 años: la crisis de 1985 y la crisis del 2009.
La crisis de 1985 estuvo marcada por los intentos reeleccionistas de Roberto Suazo Córdova (presidente en funciones) y su confrontación con el Poder Legislativo y Judicial. Aunque el núcleo del conflicto se condensaba dentro del Partido Liberal, la intervención directa del presidente impidió gestionar y solucionar las disputas internas por la candidatura presidencial. En ese entonces, eran los tiempos más álgidos de la guerra fría, en los cuales el gobierno de los Estados Unidos buscaba mantener la formalidad de la democracia como parte esencial de su estrategia contrainsurgente en la región. El papel activo de la embajada, junto con el “grupo de notables”, que incluía a centrales obreras y campesinas, la empresa privada y la iglesia católica, logró pactar entre todos los partidos políticos la “alternativa B”, la realización simultanea de las elecciones primarias y generales en una sola papeleta, evitando el desenlace de una crisis política mayor y la ruptura constitucional.
La crisis del 2009, por su parte, tuvo como expresión principal la convocatoria a la “cuarta urna” por el presidente de ese entonces, Manuel Zelaya Rosales, interpretada como un intento de reelección. Esto desencadenó un enfrentamiento entre el poder ejecutivo, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de la República, las Fuerzas Armadas y las iglesias. Estados Unidos, bajo la administración de Barack Obama, mostraba inquietudes por la cercanía de Zelaya con Hugo Chávez, aunque no promovió la conspiración golpista, tampoco hizo los suficiente para evitarla. Al final, con toda la institucionalidad en contra de Zelaya, sin actores nacionales externos al sistema político que promovieran el diálogo y sin la voluntad del sistema de partidos políticos para pactar una salida negociada, esta coyuntura concluyó en una crisis política y la ruptura constitucional.
¿Qué similitudes y diferencias existen en la actual coyuntura hondureña?
Las semejanzas radican en el ADN del sistema de partidos políticos, caracterizado por su tendencia a la conflictividad, fragmentación, polarización y la fragilidad institucional, generalmente atrapada en las disputas de caudillos que buscan cooptar o destruir a sus adversarios, mediante el control institucional. Otro elemento común es la presencia de los intereses estadounidenses que han condicionado el rumbo del país. Sin pretender dar una respuesta, la pregunta que surge es: ¿cuál es el interés y la estrategia de la administración Trump en las actuales elecciones hondureñas?
En cuanto a las diferencias, parece que el país podría estar aproximándose a lo que en sociología se denomina un “empate catastrófico” entendido como una profunda crisis política “donde dos bloques de poder antagónicos, con visiones de país opuestas, se encuentran en un punto muerto, incapaces de imponer su proyecto de sociedad y paralizando el mando estatal”, García Linera, Empate catastrófico y punto de bifurcación.
Por el momento, esto se refleja en la falta de voluntad política de los liderazgos políticos para construir acuerdos electorales, en la imposibilidad del CNE de funcionar con los tres consejeros electos según la ley (ya sean propietarios o suplentes), en el bloqueo en el Congreso Nacional para destrabar esta situación (lo cual requiere mayoría calificada), en las movilizaciones callejeras anunciadas (no solo los colectivos de LIBRE, sino de otras coaliciones como los “defensores de la democracia”), en la “neutralidad” temporal de las Fuerzas Armadas y en el papel activo de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, aún no llegamos a una parálisis total del sistema ni a una intensificación de la conflictividad social que impida toda salida.
Como ha sostenido el CESPAD, todavía hay tiempo para una salida negociada que, inevitablemente implica el diálogo y acuerdos entre el liderazgo político, que conduzcan a un pacto consensuado sobre el TREP. La judicialización y la imposición de mayorías institucionales simples solo agravará la crisis, arriesgando que la situación escale a niveles de violencia que han marcado la historia reciente del país.
Es esencial promover una voluntad nacional que garantice la realización de elecciones transparentes, auténticas y pacíficas, con procesos claros en el conteo de votos y la divulgación de resultados, de modo que tanto ganadores como perdedores acepten el veredicto de las urnas. Adicionalmente, la institucionalidad debe garantizar que en el futuro próximo se realizaran nuevas elecciones igualmente democráticas, justas y confiables, perfeccionando el sistema electoral.
