TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), advirtió que un proyecto de ley de licenciamiento ambiental en discusión en el Congreso Nacional, podría estar violentando los derechos humanos y ambientales de campesinos, pueblos autóctonos y de los hondureños en general.
El jueves 8 de mayo, el Congreso Nacional sometió a primer debate la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental impulsada por el congresista Luis Redondo.
Este proyecto de ley, tiene como propósito emitir licencias ambientales de forma inmediata en sectores como infraestructura, energía renovable, agroindustria, turismo sostenible, manufactura, vivienda social o zonas francas.
CONFIDENCIALHN reproduce el análisis integro realizado por Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad):
La semana pasada, el Congreso Nacional incluyó en su agenda la discusión y el debate sobre el proyecto de “Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental”. Esta iniciativa es el resultado de conversaciones y acuerdos entre la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y personeros del Congreso Nacional.
Esta iniciativa tiene como objetivo “establecer un mecanismo especial, excepcional y simplificado para la emisión de licencias ambientales, que permita agilizar los procesos administrativos”, la cual se inscribe en la histórica política del Estado concesionario hondureño por facilitar el desarrollo de los negocios del gran capital nacional y transnacional, sin considerar los daños sociales y ambientales provocados por los mal llamados “proyectos de desarrollo”. De aprobarse este proyecto de ley se estará limitando el acceso a la información pública y a la consulta ciudadana.
Sorprende que esta iniciativa se presente en un contexto en el cual la administración del gobierno de Xiomara Castro se comprometió públicamente con movimientos sociales y ambientalistas a respetar la normativa vigente en materia de otorgamiento de licencias ambientales.
No está de más resaltar que en el actual gobierno, al igual que en el régimen de la narcodictadura, la infracción de derechos humanos de las defensoras y defensoras ha sido alarmante: asesinatos, estigmatización, criminalización y otros. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) informó que, desde el 2022 hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 35 asesinatos de defensores relacionados con la tierra y el ambiente. En estos crímenes, la participación de grupos paramilitares ha sido significativa, mientras que la capacidad del Estado para proteger a los defensores y defensoras en riesgo sigue siendo insuficiente, manteniendo intacto el histórico círculo de la impunidad.
En este contexto, es relevante destacar que los principales factores que han generado los conflictos socioambientales en el país son precisamente la restricción a la información y a la participación ciudadana en procesos relacionados con la concesión de recursos naturales. En especial, lo referido al proceso hacia el otorgamiento de licencias ambientales que se han caracterizado por su opacidad.
Las disputas sobre las licencias ambientales
Las licencias ambientales han sido un tema que ha generado disputas en la última década entre movimientos sociales que luchan por la protección de sus territorios y recursos naturales, y los intereses del gran capital, el gobierno nacional y las autoridades locales. La correlación de fuerzas, por lo menos hasta enero del 2022, ha favorecido a este último agrupamiento.
En los gobiernos de Juan Orlando Hernández (JOH) se produjeron dos movimientos para resolver esta disputa a favor del gran capital: la primera, fue la aprobación del “Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” (Acuerdo Ejecutivo No 008-2015) que creó una plataforma en línea para agilizar el otorgamiento de licencias. Aunque en la teoría garantizaba el acceso a la información y la participación ciudadana, en la práctica resultó imposible ejercer estos derechos. La segunda, fue la emisión de varios decretos ejecutivos de emergencia, en el contexto de la pandemia del COVID, que facilitaban trámites expeditos para la aprobación de licencias ambientales, eliminando los recursos de acceso a la información y los espacios de consulta y participación ciudadana.
Al respecto, los funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI-AMBIENTE), actualmente SERNA, en ese entonces, llegaron a expresar que: “al poner en marcha el nuevo Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado ha reducido en una semana la obtención de una licencia ambiental para iniciar los proyectos que benefician a los sectores vulnerables del país y contribuye a mejorar la competitividad, inversión, transparencia y generación de empleo a nivel nacional. Facilitando una inversión de L.106,307,228,691, generando 160,000 empleos mediante la emisión de 3,200 licencias ambientales”.
Contrario a lo mencionado anteriormente, el actual Ministro de la SERNA, Lucky Medina, el 24 de agosto de 2024, en respuesta a un informe presentado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) que cuestionaba la lentitud en el proceso de licenciamiento, llegó a manifestar que: “Hay que recordarle a la empresa privada que los tiempos ya cambiaron y que no van a volver bajo trampas como lo hicieron durante la narcodictadura, que con falsos convenios contrataban a sus propios técnicos, asesores legales dentro de la institución para revisar los expedientes que más les convenían y aprobar de cientos de licencias”.
Esta declaración sugiere que las modificaciones a la normativa realizadas por JOH fueron dejadas de lado. No obstante, curiosamente, con la nueva normativa en debate en el legislativo parece que se está retornando a prácticas del pasado.
Adicionalmente, se debe mencionar que los procesos de licenciamiento ambiental otorgados durante el gobierno de JOH, constituyeron prácticas de corrupción extractiva que, como resultado de las presiones de las organizaciones sociales, derivaron en juicios en contra de algunos funcionarios públicos. Algunos casos fueron Fraude sobre el Gualcarque (acusado y condenado el ex alcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda). También el caso en contra el ex viceministro de SERNA, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por la entrega ilegal de la licencia ambiental de la represa “Petacón” (también acusado por hechos similares en los proyectos “Agua Zarca”, “Aurora II” e “Hidroluz”), y el caso del ex viceministro de SERNA, Roberto Dario Cardona, por haber ampliado, irregularmente, la licencia ambiental del proyecto de ”Agua Zarca”.
El contexto electoral y la propuesta de Ley Especial de Licenciamiento Ambiental
El origen de esta propuesta es la negociación entre el presidente de la CCIC, Karim Qubain, y el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo. El objetivo principal está colocado en la generación de inversión y empleo, es decir, uno de los aspectos más cuestionados por el sector privado a la actual administración gubernamental. En tal sentido, en clave electoral no puede descartarse que es un mensaje conciliador del gobierno a la gran empresa privada y, a la vez, de respaldo al vigente modelo extractivo y de despojo de los bienes comunes de la naturaleza que ha estado sustentado en los sectores estratégicos mencionados en el proyecto de ley, es decir, “infraestructura, energía renovable, presas multiusos, agroindustria, turismo sostenible, manufactura, planteles industriales, vivienda social, proyectos de zona libre, servicios”.
Al revisar el proyecto de ley, es de alta preocupación la renuncia del Estado a la supervisión y autorización de los procesos asociados a la renovación de licencias, dejando solamente reservada la facultad de suspensión o revocación (artículo 4), entregando al sector privado “la responsabilidad legal” como titular y prestador de servicios ambientales. En otras palabras, el proceso de renovación de las licencias ambientales quedará privatizado y será un espacio de control exclusivo del gran capital nacional y transnacional.
Y todavía más inquietante es que en esta normativa en discusión solamente se mencione que habrá un “mecanismo especial” para la emisión y renovación inmediata de las licencias ambientales (artículo 1), pero sin precisar en qué consistirá ese mecanismo. Estas formulaciones ambiguas dejan en manos de la SERNA la elaboración del reglamento que regirá su implementación.
Al respecto, similar al pasado inmediato, podría estarse a la antesala de la ofensiva del gran capital siempre necesitado de los bienes naturales en sus procesos de acumulación de ganancias, amparados por el Estado, pero dejando de lado los derechos de las comunidades y de la misma naturaleza. La meta inicial, es la obtención de 400 licencias ambientales, tal como lo ha mencionado el Sr. Qubain.
Las implicaciones en los derechos humanos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha expresado su preocupación ante los posibles retrocesos que esta normativa podría representar “en la protección de las personas y del medio ambiente”.
La OACNUDH ha indicado que “muchas veces como resultado de procesos de licenciamiento ambiental marcados por la falta de transparencia, supervisión y mecanismos efectivos de prevención, mitigación y reparación de impactos” se han generado graves infracciones en los derechos humanos, tales como “desplazamientos forzados, represión, criminalización y actos de violencia contra comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como contra personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente”, en proyectos como el de Agua Zarca, el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, Jilamito, Pajuiles, Azacualpa, entre otros.
Por su parte, la Red Hondureña por Escazú ha denunciado que “Mientras el Gobierno de Honduras ni se pronuncia sobre el Acuerdo de Escazú, el Congreso Nacional discute una ley que permitiría otorgar licencias ambientales inmediatas, sin consulta previa ni participación ciudadana. Esta medida va en contra de los principios de Escazú, que garantiza: 1) Participación pública en decisiones ambientales, 2) Acceso a información ambiental, y, 3) Protección a personas defensoras del ambiente”.
Adicionalmente, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) también advierte que “el origen de la conflictividad socio territorial en Honduras radica en la opacidad de los procesos de licenciamiento ambiental y en trámites viciados de corrupción” Y que con esta nueva ley se estaría excluyendo “por completo la participación de las comunidades afectadas, vulnerando principios básicos de transparencia, consulta previa e información pública”.
Con esta iniciativa de ley el Congreso Nacional se está moviendo en una dirección equivocada, la principal conflictividad que enfrenta el país que es el socio ambiental con un preocupante saldo en la infracción de los derechos humanos. Esto exige que el Estado se mueva hacia una real democratización de las decisiones que afectan la vida de las personas que habitan territorios con bienes de la naturaleza en disputa. Y esto solamente será posible asegurando un mayor acceso a la información pública y a procesos de consulta y de participación social.
