Con L4.7 millones bajo investigación y una renuncia clave en el Gabinete, el gobierno promete transparencia mientras enfrenta su crisis más seria en el manejo de fondos públicos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro confirmó este viernes la renuncia irrevocable del ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, en medio del creciente escándalo por el manejo irregular de 40 cheques emitidos por Sedesol, por un valor total de 4.7 millones de lempiras.
La renuncia, anunciada tras una sesión extraordinaria del Gabinete Ampliado, marca el episodio más crítico de una crisis que ya ha salpicado a diputados, altos funcionarios y la credibilidad institucional del gobierno.
Sarahi Cerna, secretaria de la Presidencia, informó que la dimisión fue aceptada de forma unánime como un acto de “coherencia política”, aunque para muchos, más que convicción, fue una reacción tardía a la presión mediática y ciudadana.
Los hechos se precipitaron luego de la difusión de audios comprometedores y una conversación filtrada entre Cardona y la diputada Isis Cuéllar, en la que se hablaba abiertamente del uso de fondos estatales para fines políticos.
Fondos en la mira: entre transparencia declarada y control ausente
El secretario de Finanzas, Christian Duarte, intentó poner paños fríos asegurando que el caso se refiere solo a una “parte específica” del fondo de 950 millones de lempiras aprobado por el Congreso Nacional para los años 2023 a 2025.
Sin embargo, las irregularidades detectadas en Sedesol despiertan sospechas sobre el alcance real de una práctica que podría replicarse en distintos departamentos del país.
El discurso gubernamental ha insistido en que nada se ha hecho al margen de la ley, pero lo cierto es que las medidas de corrección llegaron solo después de que el escándalo se hiciera público a través de los medios y redes sociales.
Ni la Secretaría de Transparencia ni el Ministerio Público actuaron de oficio en su momento, dejando la impresión de que, más que voluntad política, lo que primó fue el daño controlado.
“No hemos esperado una denuncia”, pero la cronología dice lo contrario
El director de Aduanas, Fausto Cálix, defendió la gestión de la administración diciendo que “no hemos esperado una denuncia para actuar”.
Pero los hechos revelan otra narrativa: la reacción institucional ocurrió después de múltiples filtraciones, denuncias ciudadanas y cuestionamientos de organizaciones anticorrupción. La promesa de “no tolerar ningún hecho fuera del marco legal” parece, por ahora, una declaración más de forma que de fondo.
Una caída, muchos pendientes
La figura de José Carlos Cardona, joven historiador y activista convertido en ministro, fue clave en el aparato social del gobierno de Libre.
Su salida, aunque inevitable, no despeja las dudas ni satisface las exigencias de transparencia.
El escándalo en Sedesol no es un caso aislado, sino un síntoma de estructuras frágiles y controles laxos en el uso de fondos públicos.
La Secretaría de Transparencia, bajo Sergio Coello, ha pedido a la ciudadanía denunciar actos de corrupción a través de canales habilitados.
No obstante, hasta ahora no se han esclarecido públicamente las responsabilidades concretas, ni se ha informado si los fondos entregados a diputados en otras regiones también serán auditados.
¿Limpieza o control de daños?
Al aceptar la renuncia de Cardona, la presidenta Xiomara Castro busca enviar un mensaje de autoridad y compromiso con la lucha anticorrupción.
Pero la confianza ciudadana no se reconstruye con discursos: exige hechos contundentes, investigación autónoma y sanciones ejemplares.
El desenlace de este caso marcará un punto de inflexión para el gobierno.
Si no se avanza hacia una verdadera rendición de cuentas, el riesgo es claro: que la renuncia de Cardona se convierta en una cortina de humo, mientras las estructuras opacas siguen operando bajo nuevos nombres.
