- Organización exige respuestas inmediatas al MP y TSC por uso político de fondos públicos; prácticas del pasado se repiten en el gobierno de Libre
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El escándalo por el uso político de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha escalado a nuevas dimensiones legales y éticas.
Este lunes, la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) por los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios, luego de la filtración de un video que expone conversaciones entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona.
Según el director de seguridad y justicia de ASJ, Nelson Castañeda, existen suficientes indicios para que el MP actúe de inmediato en este caso que expone el presunto uso irregular de recursos públicos con fines proselitistas.
“Es una cantidad de dinero bastante significativa. Si se hubiese ejecutado correctamente, el impacto social sería positivo. Pero en cambio, ha sido desviado a estructuras clientelares”, cuestionó Castañeda.
Firma ciudadana exige justicia
La denuncia de ASJ fue acompañada por más de mil firmas ciudadanas que exigen acciones inmediatas no solo al Ministerio Público, sino también al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La petición reclama identificar a los destinatarios reales del dinero canalizado desde Sedesol hacia aparentes “beneficiarios” ligados políticamente a la diputada Cuéllar.
Repetición del viejo guion
Uno de los señalamientos más críticos por parte de ASJ es la persistencia de viejas prácticas de corrupción en la actual administración, liderada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), que en campaña prometió erradicar el clientelismo y el uso discrecional de fondos públicos.
“Seguimos viendo cómo los diputados manejan recursos del Estado sin control ni transparencia. Es exactamente lo que el pueblo hondureño rechazó en las urnas”, afirmó Castañeda.
El “chequevideo” que delató al sistema
La tormenta política estalló la semana pasada cuando se filtró un video en el que la diputada Isis Cuéllar sostiene una conversación telefónica con el entonces ministro Cardona, coordinando presuntamente la entrega de fondos de Sedesol para apoyar la campaña política en Copán.
El video provocó la renuncia forzada de Cardona, quien no solo fue separado de su cargo, sino también impedido de ingresar a la reunión del Gabinete Ampliado, según trascendió en medios.
¿Quién protege a los responsables?
Hasta ahora, no existe ninguna acción judicial contra Cuéllar, pese a la gravedad de los hechos y a la evidencia pública circulando. Esto ha generado frustración y sospechas sobre posibles pactos de impunidad dentro del gobierno.
Diversas voces de la sociedad civil coinciden en que este caso se ha convertido en una prueba de fuego para el Ministerio Público, que hasta la fecha mantiene un preocupante silencio institucional, mientras la indignación pública crece.
