- Mientras crece la indignación por el uso político de fondos públicos, el Tribunal Superior de Cuentas promete investigar “a fondo” el caso que involucra a Sedesol y altos funcionarios de Libre, pero sin responsables ni acciones inmediatas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio del escándalo por el ya viral “chequevideo”, que exhibe a altos funcionarios del gobierno presuntamente negociando el uso político de fondos públicos, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha anunciado que entregará un informe en un plazo de 30 días.
La investigación se centrará en el manejo financiero dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por el ministro José Carlos Cardona, una de las figuras protagonistas del polémico material audiovisual.
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, confirmó que una comisión auditora ya ha sido conformada para indagar el caso y establecer si existen responsabilidades de tipo civil, administrativa o penal.
Sin embargo, el anuncio no ha calmado la indignación ciudadana, especialmente por el largo plazo y la falta de acciones inmediatas.
“Estamos revisando todo el manejo de fondos públicos asignados a Sedesol, tal como lo solicitó la presidenta Xiomara Castro. En 30 días presentaremos el informe”, dijo Isaula.
La presidenta ordena investigar… tras la presión pública
La presidenta Xiomara Castro instruyó públicamente al TSC a realizar esta auditoría, luego de que se viralizara el video en el que se escucha al ministro Cardona y a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, conversar sobre cómo presuntamente se direccionaban fondos del Estado para beneficiar estructuras políticas del partido Libre.
Además, la mandataria ordenó a la Secretaría de Transparencia rendir un informe en cadena nacional sobre el uso de los fondos asignados a Sedesol a través del Congreso Nacional, mediante la Ley de Presupuesto. Ese plazo vence este viernes por la mañana.
¿Auditoría real o cortina de humo?
El anuncio del TSC ha sido recibido con escepticismo por diversos sectores. Para organizaciones de sociedad civil y analistas políticos, el gobierno de la “refundación” responde solo cuando la presión pública se vuelve incontrolable, y los escándalos amenazan con debilitar aún más su ya desgastada credibilidad en materia de lucha anticorrupción.
“Este informe es una reacción, no una acción preventiva. Y mientras investigan, nadie ha sido suspendido, ningún funcionario ha sido llamado a declarar, y los millones siguen fluyendo”, expresó un representante de un observatorio anticorrupción.
Por su parte, la oposición ha calificado el proceso como “simulado” y parte del mismo guion de impunidad.
“Investigar en 30 días lo que ya es evidente no es justicia, es complicidad”, señaló una diputada opositora.
La CICIH, una promesa que se aleja
Este nuevo escándalo ha revivido el clamor ciudadano por la llegada de la CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras), una promesa que el propio gobierno ha mantenido congelada entre tecnicismos y pretextos.
Para muchos, casos como este son prueba de por qué aún no se instala una misión independiente en el país.
Mientras tanto, el “chequevideo” ya forma parte del amplio archivo de denuncias que comprometen a funcionarios del actual gobierno, pero cuya consecuencia inmediata parece ser, una vez más, la espera eterna de un informe y el reinado de la impunidad.
