TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente la reciente agresión contra el periodista hondureño Frank Mejía y manifestó su preocupación por un patrón creciente de criminalización y amenazas contra periodistas y medios de comunicación en Honduras.
Según el comunicado oficial de la RELE, el pasado 18 de mayo, agentes de la Policía Nacional habrían irrumpido de forma presuntamente ilegal en la vivienda de Mejía, en la colonia La Peña de Comayagüela, bajo el argumento de buscar a una persona desaparecida. Durante el operativo, el periodista fue esposado, golpeado, amenazado de muerte y denunció además el robo de pertenencias personales. Mejía expresó públicamente su temor por su seguridad y la de su familia.
La Relatoría informó que ha tomado nota de las declaraciones del secretario de Seguridad, quien afirmó haber ordenado una investigación a cargo de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) y la Inspectoría General de la Policía Nacional.
“No es un caso aislado”, advierte la RELE
La Relatoría Especial advirtió que la agresión contra Mejía se inserta en un patrón de hostigamiento más amplio contra la prensa hondureña, señalando como preocupante la judicialización de periodistas y medios por parte de autoridades estatales, incluyendo altos mandos militares.
Entre los medios y comunicadores objeto de procesos judiciales o amenazas se mencionan: El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, HCH, Q’Hubo TV, Criterio HN, Noticias 24/7, Hondudiario y sus respectivos directores, incluidos Arístides Aceituno (Hondudiario) y Dagoberto Rodríguez (RCV).
Estas acciones, según la RELE, estarían siendo impulsadas bajo acusaciones de injuria y calumnia, con el aparente objetivo de silenciar investigaciones periodísticas sobre asuntos de interés público.
“Sicarios de la verdad”: la narrativa peligrosa desde el poder
La Relatoría también expresó especial preocupación por recientes declaraciones de la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas, que descalificaron como “falsas y temerarias” las denuncias del director de Abriendo Brecha y Televisión Educativa Nacional – Canal 10.
En particular, se refirió a una publicación del 26 de mayo en la revista digital oficial FF.AA. Digital, titulada “Sicarios de la verdad”, que incluyó imágenes de tres periodistas hondureños. Este tipo de discursos —señala el comunicado— puede agravar el clima de intimidación y estigmatización hacia el gremio periodístico.
Llamado al Estado: investigar, sancionar y proteger
La RELE recordó que el uso del derecho penal para castigar discursos sobre asuntos públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y subrayó que los funcionarios públicos tienen el deber de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, sin incurrir en represalias.
En ese sentido, instó al Estado hondureño a:
• Investigar con celeridad y sancionar a los responsables de la agresión contra Frank Mejía.
• Ofrecer una reparación adecuada al periodista.
• Garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo.
• Revisar el marco penal vigente relacionado con delitos contra el honor, particularmente en casos vinculados a asuntos de interés público.
La oficina de la Relatoría reafirmó su compromiso de seguir monitoreando la situación de la libertad de expresión en Honduras, y de acompañar los esfuerzos institucionales y ciudadanos que busquen fortalecer un ambiente propicio para la prensa libre y la democracia.
