Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenan el asesinato del defensor ambiental Juan López en Honduras e instan al Estado a investigar los hechos de manera pronta y diligente, considerando su labor en la defensa de los derechos humanos como posible móvil del crimen, conforme a los estándares interamericanos.
La noche del 14 de septiembre, Juan López fue asesinado por impactos de arma de fuego en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. López, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2023, había sido objeto de amenazas de muerte, seguimientos, hostigamientos y otros actos de violencia debido a su labor en defensa del medio ambiente. Estas medidas también protegen a otros integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
La CIDH y RESDESCA expresan su preocupación por el contexto de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular aquéllas que luchan por la protección del medio ambiente, la tierra y el territorio. Esto ha sido documentado en el reciente Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras.
En 2023, la Comisión condenó el asesinato de cinco personas defensoras ambientales, cuatro de los cuales ocurrieron en el departamento de Colón.
La Comisión y REDESCA también toman nota del rechazo público expresado por la Presidenta de la República de Honduras contra el asesinato y reiteran la necesidad de una investigación diligente que lleve al enjuiciamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales del crimen.
Asimismo, es fundamental que se considere la actividad de la víctima como líder y defensor del ambiente, la tierra y el territorio dentro de las líneas de investigación.
Los asesinatos y otros actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos generan un efecto multiplicador que va más allá del daño individual; ya que, al ser cometidos en represalia por su labor, causan un efecto intimidatorio sobre quienes defienden causas similares.
La CIDH y REDESCA exhortan al Estado hondureño a cumplir plenamente con las medidas cautelares, otorgadas en favor de integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, a fin de proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, así como de otras personas defensoras que pudieran estar en riesgo.
Por su parte, el Estado hondureño reconoce la lucha y desafíos históricos de quienes defienden derechos humanos en el país, e indicó estar comprometido con el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y al fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección.
Resaltó su disposición para realizar una investigación pronta y efectiva considerando la labor de defensa ambiental y de derechos humanos como posible móvil y enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.
La Comisión y REDESCA, instan al Estado hondureño a avanzar en la implementación de las recomendaciones del informe de país, las cuales incluyen asegurar el correcto funcionamiento del mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadoras sociales y operadoras de justicia.
La Comisión reitera su disposición a brindar asistencia y cooperación técnica para enfrentar los desafíos identificados y cumplir con las obligaciones internacionales del país. El Estado enfatizó su apertura para colaborar con la CIDH a fin de mejorar la situación de derechos humanos en el país, y su disposición de implementar estas recomendaciones.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia
