La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los graves hechos de violencia registrados en el contexto de las elecciones generales de Ecuador, que representan un ataque contra la propia democracia y el Estado de Derecho.
El 9 de agosto, Fernando Villavicencio, periodista y candidato presidencial fue asesinado al finalizar un evento de campaña electoral en Quito, tras recibir amenazas en las semanas previas. En el ataque, también resultaron heridas Gisella Molina, candidata a la Asamblea Nacional y ocho personas que participaban en el mitin político.
Este incidente se suma a la violencia ocurrida en julio, en la que perdieron la vida el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el candidato a la Asamblea Nacional, Rinder Sánchez. Asimismo, se registró un ataque armado contra el Alcalde de Durán, Luis Chonillo; amenazas contra funcionarios municipales de esa localidad y autoridades del Consejo Nacional Electoral.
El aumento de la violencia política en Ecuador se enmarca en un contexto de grave deterioro de la seguridad ciudadana, relacionado con el accionar del crimen organizado. Los indicadores de seguridad reflejan que, durante el primer semestre del presente año, se han registrado al menos 3 mil 513 homicidios en el país, lo que representaría un aumento del 58% respecto del mismo período en 2022.
La situación se agrava en ciudades con mayor presencia de esos grupos, con impacto en los derechos de la población en general; y en especial en personas periodistas y operadoras de justicia.
Si bien la violencia generalizada es un fenómeno multicausal, la CIDH observó como los mas graves brotes se dieron inicialmente en el sistema penitenciario como resultado del enfrentamiento entre diferentes bandas criminales. Según información recibida, del 1 de enero de 2020 al 27 de julio de 2023, al menos 547 personas perdieron la vida a causa de la violencia intracarcelaria.
Al respecto, se resalta que la violencia por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios que fundamentan el Estado de Derecho y vulnera directamente el régimen democrático. Además, tiene efectos amedrentadores e intimidatorios para las personas que participan en los procesos electorales y en la sociedad toda.
La Comisión rechaza la violencia y llama al Estado a investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia, abriendo líneas investigativas dirigidas a establecer el motivo de los asesinatos, así como sus responsables materiales e intelectuales.
El Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas para garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, lo que incluye prevenir ataques contra la vida de una persona por su actividad política, con perspectiva diferenciada de género y origen étnico-racial.
Adicionalmente, se insta a las autoridades y a la sociedad en general a garantizar elecciones pacíficas y a respetar los resultados como la más alta expresión de la soberanía popular, con estricto apego a la democracia representativa y a los derechos humanos.
Finalmente, la CIDH exhorta a la Organización de los Estados Americanos a continuar dando especial atención a la celebración de elecciones justas y pacíficas en Ecuador, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
