TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) anunció para este lunes 1 de abril de 2024 la emisión de una sentencia trascendental en el caso Gutiérrez Navas versus Honduras, relacionado con la destitución de magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El caso está relacionado con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Honduras, por la destitución «arbitraria» de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz, de sus cargos como magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012.
De acuerdo con el reporte de la Corte IDH, se argumenta que, al momento de la destitución de los magistrados, no existía en Honduras disposición alguna que regulara la competencia de alguna autoridad y el procedimiento sancionador de carácter político al que fueron sometidos.
Por lo tanto, se alega que con violación de las garantías que reconoce el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Congreso Nacional creó un mecanismo ad hoc dirigido a la destitución de las autoridades judiciales.
También señala que el artículo 205, número 20 de la Constitución de Honduras, indica que el Congreso tiene facultades para aprobar o improbar la conducta administrativa de los magistrados. Por lo tanto, se alega que determina una norma de significativa amplitud que no especifica conductas concretas que resulten reprochables disciplinariamente.
La defensa de los afectados llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que la destitución de los magistrados fue arbitraria e ilegal, violando diversos derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Tras un exhaustivo análisis de los hechos, la Corte IDH concluyó que el Estado hondureño violó los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad, garantía de independencia judicial, derechos políticos y protección judicial de los magistrados destituidos. Asimismo, determinó que el Estado no proporcionó una investigación adecuada ni medidas de protección suficientes frente a las amenazas y hostigamientos sufridos por los magistrados y sus familiares.
En este sentido, la Corte IDH ha ordenado al Estado de Honduras tomar diversas medidas de reparación, que incluyen la posible reincorporación de los magistrados en caso de ser su deseo, indemnizaciones por las afectaciones sufridas y la adecuación de la legislación interna para garantizar el debido proceso en casos disciplinarios contra altas autoridades judiciales.
Este fallo no solo representa un avance en la protección de los derechos humanos en Honduras, sino que también establece importantes precedentes sobre la independencia judicial y el respeto al debido proceso en toda la región.
Las repercusiones de esta sentencia serán analizadas en profundidad, pues no solo impacta en la situación de los magistrados afectados, sino que también tiene implicaciones significativas para el sistema judicial y el Estado de Derecho en Honduras y en toda América Latina.
El 6 y 7 de febrero de 2023 se dio la audiencia pública y posteriormente el 3 de marzo de 2023 se dieron los alegatos y observaciones finales del caso, y ahora se espera el fallo.
La Destitución
El representante de la CIDH, Ignacio Boulin, explicó anteriormente que el 12 de diciembre de 2012 el Poder Legislativo, con su edificio rodeado por las Fuerzas Armadas, destituyó a los magistrados. Eso significó «una violación a los derechos de las víctimas» y un «verdadero atentado contra la independencia judicial y el orden democrático».
Boulin recordó que los magistrados «emitieron fallos considerados contrarios al Gobierno de turno». Además, que el entonces presidente del país, Porfirio Lobo, «emitió declaraciones condenando la conducta de los magistrados».
Los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las «ciudades modelo» y la «Ley de depuración policial». La acción generó presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, incluido el presidente, detalló Boulin.
El Congreso Nacional, entonces presidido por Juan Orlando Hernández, creó una comisión especial, para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012.
Al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, el Legislativo destituyó a los magistrados sin permitirles defenderse.
«El poder político buscaba una Sala de lo Constitucional complaciente», manifestó Boulin, quien agregó que el Congreso no era imparcial ni competente.
Los magistrados también relataron que tras su destitución sufrieron persecución, hostigamiento y atentados en su contra y sus familias.
