- Exdiputados comienzan a llegar al Ministerio Público mientras la Fiscalía investiga decisiones que habrían violentado la Constitución y excedido facultades legales
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), citó para este miércoles a los integrantes de la ex Comisión Permanente del Congreso Nacional para rendir declaración en el marco de investigaciones por presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones.
A esta hora ya comenzaron a llegar a las instalaciones del Ministerio Público los exdiputados Juan Barahona, Silvia Ayala y Karen Vanessa Martínez, quienes fueron convocados por fiscales como parte de las diligencias investigativas que desarrolla el ente acusador.
Entre los citados también figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a otros integrantes de la Comisión Permanente señalados en líneas de investigación relacionadas con decisiones que, según la Fiscalía, habrían sobrepasado los límites y facultades establecidos por la Constitución de la República y las leyes hondureñas.
Las diligencias abarcan a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de dicha comisión. Algunos continúan ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional, por lo que el Ministerio Público aplicará el procedimiento especial correspondiente para servidores públicos en funciones, conforme a la legislación vigente.
Además de Luis Redondo, fueron citados Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Asimismo, las autoridades fiscales están a la espera de que los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña definan fecha, hora y lugar para rendir declaración.
Las investigaciones de la FETCCOP se centran en decisiones adoptadas por la Comisión Permanente que, de acuerdo con los indicios recabados hasta ahora, habrían excedido las facultades conferidas por la Constitución y otras normativas vigentes.
Entre los delitos bajo análisis figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública. El Ministerio Público no descarta nuevas acciones conforme avancen las investigaciones técnicas y fiscales.
El caso vuelve a colocar bajo presión y escrutinio público las actuaciones de la pasada Comisión Permanente del Congreso Nacional, en medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en el manejo del poder legislativo.
