- El Congreso Nacional discutirá reformas penales para endurecer castigos contra la extorsión, perseguir las finanzas criminales y ampliar la responsabilidad penal a quienes colaboren con estructuras delictivas mediante cuentas bancarias o billeteras electrónicas
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional se dispone a aprobar este lunes un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal con el que el Estado busca endurecer la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, incluyendo la denominación oficial de maras y pandillas como organizaciones terroristas.
La discusión legislativa se realizará finalmente a puertas abiertas y con acceso a los medios de comunicación, luego de que inicialmente se manejara la posibilidad de desarrollar el debate de forma privada y sin prensa.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, decidió que las reformas sean debatidas públicamente para que la población conozca en tiempo real el contenido de las medidas que serán aprobadas.
Entre los cambios más fuertes destaca la ampliación del delito de extorsión, que ahora no solo castigará a quien amenaza directamente a las víctimas, sino también a quienes presten cuentas bancarias, retiren dinero o colaboren en movimientos financieros vinculados con estructuras criminales.
Asimismo, las reformas obligarán a empresas telefónicas, operadores de internet y plataformas electrónicas a reforzar la identificación de clientes para evitar el uso de identidades falsas en billeteras digitales utilizadas para cobros extorsivos.
El proyecto también incorpora la figura del “colaborador eficaz”, permitiendo reducciones de pena a integrantes de grupos criminales que aporten información para desarticular organizaciones delictivas.
Además, se endurecen las penas contra quienes utilicen uniformes policiales o militares para cometer delitos y se fortalecen las medidas de protección para víctimas y testigos.
Aunque sectores de seguridad consideran que las reformas representan uno de los paquetes legales más fuertes de los últimos años, expertos advierten que el verdadero reto será garantizar la aplicación efectiva de la ley y no solo endurecer las penas.
