TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Congreso Nacional aprobó la «Ley para la Protección de Mujeres en Situaciones de Desastres Naturales y Emergencias» en Honduras.
El objetivo de la ley es habilitar espacios separados para mujeres y contar con personal capacitado en género en los albergues, crear kits de emergencias diferenciados y proteger los derechos de las trabajadoras domésticas durante desastres y emergencias.
La ley busca garantizar la protección de las mujeres en el marco de crisis humanitarias por inseguridad alimentaria, desastres naturales, cambio climático y emergencias.
Para tal efecto, se entiende por crisis humanitaria el impacto acumulado por desastres, conflictos o situaciones que requiere una respuesta inmediata para salvar vidas y proteger a las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad y riesgos.
Así como en situaciones de desgracias considerables, perjuicios gravísimos o casos fortuitos extraordinarios provocados por la alteración de fenómenos naturales que ocasionan daños al territorio, población y bienes, como inundaciones, sequías, terremotos, huracanes, incendios, pandemias y epidemias, entre otras, incluyendo aquellas situaciones excepcionales ocurridas por causas naturales o las derivadas de situaciones o conflictos de carácter político que incluyan la restricción de derechos y garantías Constitucionales.
En situaciones de crisis humanitaria o emergencia, los albergues deben cumplir con los estándares internacionales que garantizan la protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, especialmente, de aquellas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas y niños.
En este contexto, se debe asegurar la ubicación separada de mujeres, niñas y niños de hombres adultos y jóvenes en los albergues, y se deben adecuar instalaciones sanitarias separadas tanto para hombres como para mujeres.
A la vez, los niños y niñas menores de 18 años deben ser ubicados en al mismo espacio que sus madres para garantizar su protección y bienestar.
Estos estándares son fundamentales para asegurar que todas las personas en situación de emergencia tengan acceso a condiciones adecuadas y seguras para su bienestar.
