TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Pleno del Congreso Nacional aprobó el dictamen para reformar los artículos 36 y 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito, contenida en el Decreto Legislativo No. 106-2006.
Esta ley fue originalmente aprobada el 31 de agosto de 2006 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de octubre del mismo año, las reformas recién aprobadas buscan brindar una mayor protección a los tarjetahabientes y regular con más claridad la aplicación de pagos e intereses en sus estados de cuenta.
Con esta reforma, los usuarios de tarjetas de crédito pagarán menos intereses y tendrán mayor claridad en la aplicación de sus pagos.
Con la reforma al artículo 36, se establece que todos los pagos que realice el tarjetahabiente se aplicarán primero a los cargos más antiguos, sin importar el estado de cuenta al que pertenezcan.
Esto significa que, si una persona paga total o parcialmente su deuda, el dinero cubrirá primero los saldos iniciales más antiguos, lo que reduce el monto sobre el que se calculan nuevos intereses.
Además, si el tarjetahabiente cancela el total del saldo reflejado en su último estado de cuenta antes de la fecha límite de pago, no se generarán intereses.
Si el pago es parcial, los intereses se calcularán únicamente sobre el capital no pagado, desde la fecha de la transacción hasta la fecha de corte o de pago, lo que ocurra primero.
También se aclara que el capital sobre el cual ya se hayan pagado intereses se considerará como un nuevo cargo, evitando que se acumulen más intereses sobre montos ya cubiertos.
La reforma al artículo 44 se enfoca en reforzar la seguridad y responsabilidad en los establecimientos afiliados que aceptan tarjetas de crédito.
Ahora, los comercios están obligados a verificar la identidad del tarjetahabiente y obtener su firma al momento de realizar una compra.
También deben asegurar que el cobro se haga en presencia del usuario, ya sea mediante POS o digitales o cualquier otro mecanismo autorizado.
Además, las empresas emisoras de tarjetas deben incluir estas obligaciones en sus contratos con los comercios afiliados, para garantizar su cumplimiento. Previniendo fraudes y asegurando una mayor transparencia en el uso de las tarjetas de crédito.
Estas reformas representan un avance importante en la protección de los consumidores financieros de las tarjetas de crédito.
