Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, cuestiona severamente el uso de recursos del Estado para cubrir fraudes privados.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, criticó duramente la decisión del Gobierno de Honduras de utilizar fondos públicos para compensar a los afectados por la estafa cometida por la empresa Koriun Inversiones.
A través de su cuenta en la red social X, Castellanos expresó: “Pagar «estafas privadas» con dinero público no es solo inmoral, también sería un delito”.
Castellanos, una de las voces más activas de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, añadió que “no se puede usar el dinero de todos para asumir con populismo un aparente desfalco; eso solo haría más grande la pirámide de corrupción gubernamental”.
Koriun Inversiones, una entidad no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), operó durante siete años sin supervisión estatal.
La Fiscalía General de la República ha calificado a la empresa como un esquema de estafa piramidal, señalando que no existen registros contables ni respaldo legal que garantice la devolución del dinero a sus aportantes.
Entre los afectados se encuentran numerosos exempleados de maquilas, quienes invirtieron sus ahorros o recurrieron a préstamos para depositarlos en la empresa.
Desde que estalló el escándalo, han protagonizado múltiples protestas y amenazan con intensificar sus acciones si no recuperan sus fondos.
En las últimas horas, el presidente de la CNBS, Marcio Sierra Discua, anunció que, por instrucciones directas de la presidenta Xiomara Castro, el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional.
El objetivo es brindar apoyo económico a los afectados mediante el uso de recursos públicos.
La propuesta ha generado una fuerte reacción en diversos sectores de la sociedad hondureña, quienes se muestran sorprendidos y preocupados por el precedente que sentaría el uso de fondos estatales para cubrir estafas de empresas privadas.
Para muchos, esto podría abrir la puerta a un manejo irresponsable del erario público y a una peligrosa justificación del fraude financiero bajo el manto del “apoyo social”.
La polémica está servida y promete ser uno de los temas más debatidos en las próximas sesiones del Congreso.
