- El organismo anticorrupción señala que el cambio aprobado por el Congreso no es una simple modificación legal, sino una alteración que impacta la arquitectura del Poder Judicial
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lanzó fuertes cuestionamientos contra la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional de Honduras al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010, al considerar que la medida trasciende una modificación operativa y toca directamente la estructura constitucional del sistema judicial hondureño.
Según el CNA, aunque formalmente se trate de un artículo transitorio, su contenido regulaba provisionalmente el ejercicio de competencias administrativas mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, como parte del rediseño constitucional aprobado en 2010 y ratificado en 2011.
Por ello, advierte que su alteración no puede verse como un simple ajuste técnico, sino como un cambio que incide materialmente en la organización del Poder Judicial y en la distribución de atribuciones previstas en la Constitución de la República.
Debate sobre el procedimiento legislativo
La organización señaló que tramitar esta reforma bajo el procedimiento previsto para leyes secundarias —y no mediante el mecanismo rígido de reforma constitucional que exige ratificación en la siguiente legislatura— abre un cuestionamiento legítimo sobre la corrección del trámite utilizado.
“Más allá de la discusión formal sobre la jerarquía normativa, lo determinante es que la reforma incide en la estructura constitucional de distribución de competencias, un ámbito que exige máxima prudencia institucional”, subrayó el CNA en su pronunciamiento público.
Impacto directo en la Corte Suprema
El señalamiento surge después de que el Congreso Nacional aprobara la iniciativa que despoja de facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, específicamente en materia de nombramientos, traslados y cancelaciones dentro del Poder Judicial.
Para el CNA, este precedente no solo genera un escenario de posible impugnación constitucional, sino que coloca a la propia Corte Suprema en una posición compleja, al tener que pronunciarse eventualmente sobre una reforma que afecta su propia organización interna y régimen de competencias.
La organización considera que esto podría derivar en un ambiente de incertidumbre jurídica innecesaria, con efectos en la estabilidad institucional del país.
Un problema de fondo aún pendiente
El CNA recordó que la raíz del problema sigue sin resolverse. Desde que en 2016 se declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Honduras mantiene pendiente la emisión de una nueva normativa que permita activar este órgano y restablecer plenamente el sistema de contrapesos internos del Poder Judicial, conforme al diseño aprobado en la reforma constitucional de 2011.
“El fortalecimiento institucional no se logra mediante ajustes parciales a disposiciones transitorias, sino a través del cumplimiento integral del mandato constitucional”, enfatizó el organismo.
En ese sentido, instó al Congreso Nacional a promover una discusión amplia, técnica y participativa orientada a aprobar una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial que brinde certeza jurídica y respete el diseño constitucional vigente.
Advertencia final
El CNA concluyó su pronunciamiento advirtiendo que la Constitución no admite reformas indirectas.
A su juicio, la fortaleza del orden democrático depende del respeto estricto a las reglas que organizan el poder público y delimitan sus competencias, elementos esenciales para garantizar la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
La controversia abre ahora un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio de poderes en Honduras y el futuro de la institucionalidad judicial.
