- Gabriela Castellanos cuestiona acuerdos PN–PL y exige aprobar sin dilaciones el marco legal para la CICIH
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se pronunció con dureza ante el inicio del nuevo Congreso Nacional de Honduras, al advertir que el país enfrenta una encrucijada histórica en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Castellanos señaló que el actual Legislativo surge tras una elección marcada por el hartazgo ciudadano frente a la corrupción, con una expectativa clara de cambio expresada en las urnas.
“No es un Congreso cualquiera”, subrayó, al recordar que la población castigó proyectos políticos que prometieron combatir la corrupción, pero no tradujeron ese discurso en transformaciones reales.
Críticas a los pactos bipartidistas
La titular del CNA expresó preocupación por los acuerdos anunciados entre el Partido Nacional y el Partido Liberal para la conformación de la junta directiva del Congreso y el control de comisiones estratégicas.
Aunque reconoció que la construcción de mayorías legislativas no es ilegítima por sí misma, advirtió que la memoria histórica pesa.
“Honduras no resiste más hipocresías. Décadas de alternancia bipartidista dejaron instituciones debilitadas, capturadas por intereses particulares y atravesadas por redes de corrupción”, afirmó Castellanos, al recordar que existen casos ampliamente documentados, incluso en instancias internacionales, que vinculan a altos dirigentes y operadores políticos con delitos graves.
Según la directora del CNA, ignorar ese pasado o asumir que la ciudadanía lo ha olvidado sería un error político y ético, y alertó que cuando los pactos priorizan intereses de cúpulas partidarias por encima de la justicia y la transparencia, dejan de ser instrumentos democráticos y se convierten en obstáculos para el Estado de derecho.
La CICIH como prueba decisiva
Castellanos fue enfática al señalar que el mandato ciudadano es claro: “no más impunidad”, y que una de las primeras pruebas para el nuevo Congreso será la aprobación, sin excusas ni dilaciones, del marco legal que permita la instalación efectiva de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
“La CICIH debe contar con plenas facultades, independencia real y capacidad para investigar los grandes casos de corrupción que el sistema de justicia nacional no ha logrado abordar”, señaló, advirtiendo que postergar esta decisión por cálculos políticos o discursos vacíos sobre soberanía solo profundizaría el desencanto ciudadano.
Un punto de inflexión
En su análisis, la directora del CNA sostuvo que el nuevo Congreso enfrenta una disyuntiva histórica: romper las cadenas de la corrupción estructural o convertirse en una repetición de prácticas que la ciudadanía ya rechazó.
“La instalación de la CICIH no es una concesión política, es una obligación democrática y una deuda histórica con el pueblo hondureño”, enfatizó.
Castellanos concluyó con un mensaje directo a los diputados: la legitimidad no se construye con discursos ni repartos de poder, sino con decisiones concretas a favor de la justicia y la rendición de cuentas.
“El país observa, evalúa y recuerda. De lo que se haga desde el primer día dependerá si este período legislativo marca un punto de inflexión o profundiza el desencanto ciudadano”, sentenció.
