• El organismo anticorrupción pide una resolución prioritaria y transparente para garantizar certeza jurídica, paz social y confianza ciudadana en los resultados municipales
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó formalmente una reunión con el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) con el propósito de conocer el estado actual de los recursos interpuestos en materia electoral y las dificultades que enfrenta ese órgano jurisdiccional para ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales.
En su pronunciamiento, el CNA expuso su preocupación por los puntos críticos abordados durante la declaratoria de elecciones en el nivel electivo de corporaciones municipales, por lo que instó al TJE a resolver con carácter prioritario los recursos aún pendientes en ese ámbito, al considerar que se trata de una fase determinante para la legitimidad de los resultados.
El organismo puso especial énfasis en la situación del Distrito Central, donde considera fundamental que el TJE proceda a resolver el recuento jurisdiccional de todas las actas que no fueron sometidas a escrutinio especial, debido a razones que —según señaló— son de conocimiento público y han generado dudas e incertidumbre en amplios sectores de la ciudadanía.
De acuerdo con el CNA, una resolución integral, oportuna y debidamente fundamentada no solo contribuirá a brindar certeza jurídica, sino que también ayudará a preservar la paz social en un contexto de alta sensibilidad política y electoral.
Además, permitirá que la plataforma de procesamiento electoral independiente que impulsa el propio CNA cuente con información completa y definitiva, fortaleciendo los estándares de transparencia, trazabilidad y confianza pública en el proceso electoral.
Finalmente, el Consejo Nacional Anticorrupción reiteró su disposición de actuar como un actor propositivo, comprometido con la búsqueda de una salida democrática, institucional y conforme a derecho, subrayando que su intervención tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y a la credibilidad de las instituciones ante la ciudadanía hondureña.
