TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), anunció este viernes en cadena nacional de radio y televisión, una serie de medidas radicales para combatir la criminalidad en Honduras, esto después de realizar una revisión exhaustiva del plan “Solución contra el Crimen”.
El CNDS liderado por la presidenta Xiomara Castro, contó con la participación de la titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo,los ministros de Seguridad y Defensa, Gustavo Sánchez y José Manuel Zelaya.
Asimismo, estuvieron presentes el fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández Aguilar.
Una de medidas anunciadas fue la intervención inmediata de los municipios con mayores niveles de criminalidad en el país para combatir los crímenes de sicariato, secuestro, extorsión, tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado.
Asimismo, se autoriza construir un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20 mil privados de libertad entre la zona despoblada de los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, acondicionando los espacios necesarios propiedad del Estado de Honduras.
Los privados de libertad que actualmente se encuentran confinados en el sistema penitenciario nacional procesados por los crímenes anteriormente señalados, serán trasladados de inmediato al Centro de Reclusión de Emergencia, indica la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Además, se ordenó la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras y pandillas, de estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables.
De igual forma, se deberá establecer un control para recuperar el orden de los espacios físicos tomados por las estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal.
Intensificar la investigación y los operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento y destrucción de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.
Se anunció que contando con la respectiva Licencia de Impacto Ambiental la Junta Interventora del Sistema Penitenciario Nacional deberá iniciar en un plazo máximo de dos semanas el proceso de licitación, adjudicación y construcción de este Centro de Reclusión Penitenciario.
Está cárcel de la Isla del Cisne, será de máxima seguridad con capacidad para 2,000 reos y estará ubicada a 250 kilómetros de Islas de la Bahía, Caribe de Honduras.
Recluirá a narcotraficantes, reclusos de alto perfil, personas que hayan cometido actos de corrupción y cabecillas de bandas criminales del país.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que ese Poder del Estado deberá reformar el Código Penal, para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos, sean calificadas como terroristas.
Asimismo, develó que se deberá reformar el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, así como incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes.
«El CN someterá a aprobación en su tercer debate la Ley para el control de la venta de tarjetas SIM CARD, CHIP O ESIM y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la Ley de Colaboración Eficaz», adelantó Redondo.
Al tiempo que advirtió que las empresas autorizadas que comercializan con esta tecnología en caso de negarse a cumplir esta resolución, su licencia será cancelada de forma legal.
También anunció reformas al Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del Sistema de Seguridad y Justicia: Policías y Militares, Jueces y Fiscales.
«Reformar el Acuerdo Número 01-2016 del Directorio del Banco Central de Honduras (BCH), Reglamento para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro, que utilizan billeteras electrónicas», apuntó.
De su lado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, precisó que el Poder Judicial deberá establecer los mecanismos necesarios para autorizar el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos para la custodia de procesados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de justicia del país.
Los cuales, puedan sustituir los altos costos de vigilancia permanente por parte de efectivos policiales o militares, en el caso de adultos mayores, personas con enfermedades terminales o viviendo con alguna discapacidad. Este beneficio no cubre las personas procesadas por los delitos a los que se refiere esta resolución.
Finalmente, la CSJ y la Fiscalía General del Estado se comprometen para el día lunes 17 de junio 2024 designar el número de Fiscales y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y PMOP para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes.
Es oportuno mencionar que, la Secretaría de Seguridad Publica será la responsable de coordinar en colaboración con la Secretaría de Defensa, las Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público la ejecución del presente Plan de Soluciones Radicales Contra el Crimen.
