• El pleno discutirá este jueves reglamentos sobre observación y control de campaña, en un proceso que pondrá a prueba la credibilidad del organismo frente a la ciudadanía.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a una sesión ordinaria del pleno para este jueves 4 de septiembre a las 10:30 de la mañana, en la que se abordarán temas decisivos de cara a las elecciones generales de 2025, entre ellos la aprobación del Reglamento de Observación Electoral.
La convocatoria fue realizada por la consejera presidenta, Cossette López Osorio, a través de un memorándum dirigido a la secretaria general del organismo, Telma Martínez, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Electoral y el Reglamento interno.
El documento oficial, sellado de recibido el martes en la Secretaría General, garantiza la legalidad del procedimiento y establece que los consejeros fueron citados en tiempo y forma, con los puntos de agenda adjuntos y la documentación de soporte correspondiente.
Agenda cargada de temas decisivos
En la sesión se prevé discutir el Reglamento de Observación Electoral para las elecciones de 2025, así como un borrador del Reglamento de Control de Campaña y Propaganda Electoral, que ya cuenta con un dictamen legal favorable.
El pleno también conocerá una segunda versión del cronograma electoral, presentada por el consejero Marlon Ochoa, además de propuestas administrativas como el emolumento para colaboradores del CNE y el Proyecto de Género que incluye un protocolo contra la violencia política.
Elecciones bajo presión
Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre de 2025, donde se elegirá a la Presidencia de la República, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlacen y las 298 corporaciones municipales.
El proceso será decisivo no solo por la fuerte competencia partidaria, sino también por la presión ciudadana para que el CNE garantice un proceso transparente y confiable.
En este contexto, la discusión sobre la observación electoral se vuelve fundamental para dar certeza al electorado y disminuir los cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.
El reto para el organismo electoral es enorme: recuperar la confianza de una población que históricamente ha señalado irregularidades y falta de independencia en los procesos.
