- Gustavo Solórzano cuestiona duplicidad institucional y alerta que la reforma no debe traducirse en despidos masivos ni choques legales
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Gustavo Solórzano, lanzó serias observaciones al proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, al advertir que cualquier intento de reducir el aparato estatal debe sustentarse en criterios técnicos y legales, sin vulnerar derechos laborales.
Solórzano sostuvo que antes de plantear recortes o reestructuraciones, es indispensable analizar qué instituciones del Estado no están cumpliendo funciones reales o presentan duplicidad de tareas.
Según señaló, esta problemática ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, principalmente por la creación de entidades que responden más a compromisos políticos que a necesidades institucionales.
“Hemos advertido que muchas instituciones se crearon únicamente para nombrar amigos. Eso hay que corregirlo”, expresó, al tiempo que afirmó que reducir el tamaño del Estado es una necesidad impostergable para sanear las finanzas públicas.
Un aparato estatal de más de 260 mil empleados
De acuerdo con el asesor empresarial, actualmente el aparato gubernamental supera las 260 mil personas en planilla, lo que representa un pago mensual superior a los 8 mil millones de lempiras y un gasto anual cercano a los 110 mil millones de lempiras.
Esa cifra —subrayó— equivale prácticamente a lo que el Estado recauda por concepto de Impuesto Sobre la Renta, lo que, a su juicio, evidencia la presión que ejerce la masa salarial sobre las finanzas públicas.
Sin embargo, Solórzano fue enfático en aclarar que la reducción del Estado no debe traducirse en despidos masivos ni en dejar a miles de trabajadores en indefensión.
“El objetivo no es que la gente se quede en la calle, sino que el Estado preste mejores servicios y genere condiciones adecuadas de trabajo”, puntualizó.
Advertencia sobre choque con el Código del Trabajo
El representante del COHEP informó que el sector privado ya revisó el proyecto de ley y emitió observaciones formales, señalando que la materia laboral es “especialmente delicada”.
En particular, cuestionó disposiciones que pretenden anticipar trámites administrativos para verificar la disponibilidad financiera en el Tesoro Nacional antes de cumplir obligaciones laborales derivadas de sentencias.
“El problema es que la materia laboral está regulada por el Código del Trabajo y existen normas especiales para la ejecución de sentencias laborales. Si esta ley entra en contraposición con el Código del Trabajo, lo que se va a aplicar es el Código, por lo tanto, no tiene sentido”, explicó.
En ese contexto, advirtió que, si el propósito del Ejecutivo o del Legislativo es modificar aspectos laborales, lo correcto sería impulsar una reforma directa al Código del Trabajo y no introducir cambios de forma indirecta mediante una ley de carácter económico-administrativo.
Las declaraciones del COHEP abren un nuevo frente de debate en torno a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una iniciativa que busca reorganizar el gasto público, pero que ahora enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad jurídica y su impacto social.
