TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, manifestó que por la “tranquilidad del país”, el Congreso Nacional decida si aprobará o no el Presupuesto General de 2025 antes del receso navideño.
“Creemos que por la tranquilidad del país deberían decidir si aprueba o no el presupuesto general, y si no, quedase con el mismo para el próximo año”, dijo a periodistas.
Urtecho mencionó que es la última semana que tiene el Congreso Nacional de aprobar el presupuesto antes del receso, confió que su presidente Luis Redondo liderara el consenso.
Igualmente, señaló que hay jefes de bancadas que son buenos y que podrían alcanzar los consensos necesarios.
Por su parte, el presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio (Fedecámara), Rolando Alvarenga, exhortó hoy “por el bien de la nación” a los diputados del Congreso Nacional alcanzar los consensos necesarios para aprobar el Presupuesto General de la República para el año 2025.
“Les exhortamos a los políticos que están en el Congreso para que se pongan de acuerdo por el bien de la nación”, expresó el dirigente empresarial.
Cabe señalar que el dictamen del Presupuesto General de la República no alcanza los votos necesarios en el Legislativo, por lo que se ha enfrascado su discusión durante esta semana.
El anteproyecto del Presupuesto General de la República fue aprobado en consejo de ministros el pasado 09 de septiembre, pero ahora depende de su aprobación en el Congreso Nacional.
Sin embargo, las distintas fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo sobre este tema y este jueves será discutido nuevamente, se anunció.
El anteproyecto de ley establece un Presupuesto por un monto de 430 mil 980 millones de lempiras, 23 mil millones más que en 2024, un aumento del 5.8 %.
De no aprobarse el Presupuesto General del año 2025 se procederá a trabajar con un presupuesto igual al 2024, lo que no es grave en cualquier año que no sea electoral, pero el siguiente año es electoral y el país requiere de mayores fondos para garantizar los procesos democráticos.
