TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) volvió a instar al gobierno que combata las invasiones de tierras y garantice la certeza jurídica a los hondureños e inversionistas.
A través de un comunicado, la iniciativa privada indicó que el delito de usurpación se viene cometiendo en el país por grupos organizados que buscan apropiarse en forma indebida de la propiedad privada de terceros de buena fe.
La iniciativa privada lamentó que el Ministerio Público y el Poder Judicial sean pacientes y no tomen acciones contundentes para frenar esta problemática.
Señaló que las usurpaciones no es un problema exclusivo de este gobierno, sino que procede desde hace varios años, sin embargo, consideró que las actuales autoridades deben implementar acciones contundentes.
Advirtió que el aumento de las invasiones de tierra debilita el sistema de seguridad jurídica del Estado y ocasiona que se le aleje la inversión e impide el derecho de muchos hondureños al ejercicio de la propiedad privada.
Un aproximado de 19 mil manzanas de tierra, que son propiedades de personas de “buena fe” sufre de usurpaciones, según datos del Cohep.
Esta organización alertó que las usurpaciones ponen en precario la estabilidad de los puestos de trabajo, sobre todo en las zonas rurales donde demandan más empleo, afectando el ingreso de miles de familias y agravando el problema de empleo.
Estimó que la comisión de usurpación genera ingresos para estos grupos organizados por más de mil 400 millones de lempiras al año, dinero que califica que se obtiene en forma ilícita.
“Pierde el Estado cientos de millones en impuestos que podrían ser invertidos en proyectos sociales, pero lo más grave es que se precariza la situación económica de miles de familias hondureñas que han sido desplazados de sus empleos a causa de este flagelo”, cita el pronunciamiento del Cohep.
De su parte, el director del Cohep, Armando Urtecho, condenó la usurpación de propiedades privados por parte de grupos irregulares en las zonas norte y sur.
“Hoy en la madrugada, a las cinco de la mañana, un grupo de personas que aseguran ser campesinos se han tomado las plantas de procesamientos de palma aceitera”, dijo Urtecho.
Lamentó que las usurpaciones ponen en riesgo las plantas que producen alimentos.
Urtecho condenó que esta acción ocasionó que tiene secuestrados a 300 empleados.
Exhortó al Ministerio Público que ordene el desalojo de estos grupos que han asaltado a las empresas.
Finalmente, pidió al gobierno que lance un programa en contra de las invasiones de tierra a nivel nacional.
