TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Coordinadora de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) ha lanzado un llamado urgente para prevenir y atender toda forma de violencia e impunidad que afecta a la niñez y juventud del país, petición que surge ante las múltiples denuncias a través de medios de comunicación, redes sociales y líneas de asistencia telefónicas sobre la violencia e impunidad que afecta a más de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes, quienes constituyen aproximadamente el 36.5 % de la población nacional.
Reconocemos que a pesar del compromiso y los esfuerzos que ha venido realizando el gobierno de Honduras para dar cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos y la protección constitucional para las y los niños, aún persisten desafíos muy significativos.
Instituciones como la Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), se han visto envueltas en diferentes conflictos internos que les distraen para atender la misión para la cual fueron creadas.
Sumado a ello, luchan con la insuficiencia de presupuesto, y los pocos con los que cuentan, gran parte de ellos son asignados a pagos de sueldos y salarios en lugar de fortalecer los programas y servicios de protección integral.
Estos problemas subrayan la necesidad urgente de toma de decisiones al más alto nivel que permitan la especialización con enfoque basado en derechos de la niñez de estas instituciones y a la vez recuperar el rol del Estado como tutor y garante de derechos de niñez y adolescencia.
Entretanto, la violencia continúa afectando notablemente a adolescentes y jóvenes menores de 30 años.
El informe de monitoreo de medios de comunicación de la Red COIPRODEN destaca que, del 01 de enero al 30 de abril del año 2024 se contabilizan un total de 215 muertes violentas de personas entre los 0 y 30 años, observando un incremento de 9% (19) muertes violentas más, en comparación con el año 2023, en el que se contabilizaron 196 víctimas en los primeros cuatro meses del año.
Preocupa que, aunque hay una ampliación del Estado de Excepción aprobado en el Congreso Nacional, hay un promedio de más de 50 personas entre os 0 y 30 años que pierden la vida de manera violenta y la mayoría de estas suceden en los Departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Honduras para prevenir toda forma de violencia y de la ampliación del Estado de Excepción aprobado en el Congreso Nacional, vemos con suma preocupación que, en un promedio, más de 50 personas menores de 30 años están perdiendo la vida al mes, producto de la violencia que impera en el país.
Ante esto, la Red COIPRODEN exige una reevaluación de la asignación de presupuestos, asegurando que los recursos beneficien directamente a los programas de protección integral a la niñez y juventud; al tiempo que se exige reformas institucionales para garantizar empleos basados en méritos y formación con enfoque basado en derechos de niñez para quienes asumen la responsabilidad de garantizar la protección integral desde la institucionalidad del Estado.
A la sociedad hondureña que se sensibilice sobre la situación de toda forma de violencia por la que atraviesa la niñez y juventud hondureña y la poca efectividad de la institucionalidad en la prevención y la investigación de estos casos, así como la falta de implementación de política de estado, planes de acción y proyectos.
«invertir en la niñez y juventud es el más grande desafío para la protección integral y el cumplimiento del Plan Bicentenario del actual gobierno”.
