TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), anunciaron este jueves que presentarán un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado por actuaciones irregulares por parte del juzgado de Tocoa, Colón.
Mediante una conferencia de prensa, la comisión interventora detalló que este hecho surgió el 21 de noviembre de 2018 cuando un grupo de empleados del Centro Médico de Atlántico, demandó a la OABI por 35 millones 472 mil 990 lempiras.
El comisionado Rigoberto Portillo dijo que el Juzgado de Tocoa admitió la demanda y que el problema nace cuando alega que no pudo encontrar al representante legal de la OABI.
En tal sentido, manifestó que el juez nombró un representante para la OABI que sólo se dedicó a llenar el formulario, pero que no hizo ninguna acción de oposición.
“La demanda se fue sola porque no hubo oposición. El Juzgado declaró con lugar la demanda y sentencio a la OABI a pagar la denuncia”, dijo a periodistas Portillo.
Continuó diciendo que la Corte de Apelaciones de La Ceiba el 19 de abril del presente año remitió la resolución confirmando la condena de la OABI.
Portillo indicó que la OABI se opuso al requerimiento de pago e intentó presentar recursos y alegar excepciones de que no tenía relación con esos empleados.
Además, añadió que los empleados del Centro Médico Atlántico debían demandar primero a la Procuraduría General de la República (PGR) por ser el representante legal del Estado.
Reprochó que el Juzgado de Tocoa ordenara el embargo de una cuenta bancaria a nombre de la OABI argumentando que solo se dedicaba a administrarla y que era manejada por 15 titulares de derecho que tienen recursos.
“Quisimos recurrir a ese embargo y el juzgado rechazó todas las apelaciones”, criticó el comisionado interventor.
Portillo contó que el 14 de junio se ejecutó la orden de retirar los fondos de la cuenta bancaria sin tener tiempo para que la institución reaccionara.
El Juzgado de Tocoa actuó de manera irregular y estaremos pidiendo que se investigue el delito de prevaricato.
El comisionado de la interventora de la OABI advirtió que con este embargo la institución no tendrá capacidad de devolver bienes que fueron decomisados a terceras personas que queden en libertad y que éstas podrían demandar al Estado.
Adelantó que interpondrá un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denunciar estos actos irregulares.
El juez no se tomó el tiempo para verificar que esta cuenta no pertenece a la OABI, cuestionó.
