- Nombramientos en la CPC vuelven a quedar bajo cuestionamiento por presuntos vínculos personales y políticos que desplazan la meritocracia en cargos clave del Estado
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En los últimos años, los sentimientos pasionales han prevalecido sobre la capacidad y formación académica para ocupar el alto cargo de comisionados de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CPC). En la práctica, parecería que basta con ser “amiga” de quien controla el poder en el Congreso de turno para aspirar a estos puestos.
El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de nombrar a tres comisionados en dicha comisión, una facultad que, según señalamientos, ha sido utilizada para complacer intereses personales en lugar de priorizar la idoneidad profesional.
Por esta razón, en el pasado reciente se observó el nombramiento de Suyén Emperatriz Muñoz, pareja del expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, cuya designación generó cuestionamientos al estar marcada más por su relación personal que por resultados concretos en beneficio del país.
Al parecer, los parlamentarios no han abandonado estas prácticas y continúan privilegiando afinidades personales por encima de las capacidades técnicas.
En la actualidad, Muñoz fue obligada a renunciar a la presidencia de la CPC para dar paso al nombramiento de Analina Montes Hawit, señalada como “amiga” cercana de un diputado influyente dentro del Congreso Nacional.
Con este nuevo cambio, persisten las críticas sobre el uso de cuotas de poder para beneficiar círculos cercanos, en detrimento de la institucionalidad.
Así, la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, llamada a velar por la transparencia y el equilibrio en los mercados, continúa bajo la sombra de decisiones políticas que debilitan su credibilidad.
Mientras no se priorice la meritocracia sobre los intereses personales, el país seguirá enfrentando instituciones frágiles, donde el poder pesa más que la capacidad.
